Que reinsertados continúen en el narcotráfico: principal preocupación del fiscal Martínez

El Fiscal recordó que el Congreso entregó a la Justicia Ordinaria la competencia sobre delitos de narcotráfico, cometidos antes de la firma de los acuerdos y continuados después de esa fecha. Sin embargo, el Fiscal advirtió que el fallo de la Corte Constitucional permitiría que esa "conducta sería juzgada con un régimen de penas ampliamente benigno y con los beneficios penitenciarios de la JEP".

Agrega Martínez: "lleva implícito un incentivo perverso para que los desmovilizados vinculados al narcotráfico continúen en esta actividad"... Y pone un ejemplo: "si un desmovilizado mantiene sus cultivos ilícitos podría ser beneficiario de penas no restrictivas de la libertad de 2 a 5 años, mientas un campesino está expuesto a penas de prisión de 6 a 12 años".

Sobre este aspecto, el Acto Legislativo 01 del 2017 que dio vida a la Justicia Especial para la Paz fijó que, si "las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometieran un nuevo delito, este será de competencia de la justicia ordinaria".

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La segunda preocupación del Fiscal es que la reincidencia en delitos de secuestro, narcotráfico y homicidio no implicaría la pérdida de todos los beneficios de la JEP.

Señala el jefe del ente investigador que, aunque la Ley determinó que "a riesgo de perder todos los beneficios los reinsertados no podían incurrir en ningún delito doloso", la Corte declaró inconstitucional la expresión "todos los". Eso permitiría que a pesar de seguir delinquiendo mantengan algunas ventajas de la jurisdicción transicional: "de entrar en vigencia la norma convivirán beneficios de la JEP con delitos tales como el secuestro, la extorsión, el narcotráfico o el homicidio doloso".

Martínez Neira informó que hay 361 investigaciones activas por presuntos delitos cometidos por personas reportadas en los listados de las Farc.

La tercera preocupación está relacionada con la suspensión de investigaciones en la Justicia Ordinaria por delitos relacionados con el conflicto.

La Ley mantuvo esa competencia a la Fiscalía hasta cuando la JEP asuma los casos. Sin embargo, el fallo de la Corte Constitucional determinó que "no podrán ordenar la citación a la práctica de diligencias judiciales". Con lo cual, señala el Fiscal: "queda maniatada la actividad investigativa del ente acusador"; y agrega que "todo ello en desmedro de los intereses de las víctimas".

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La cuarta preocupación del fiscal Martínez es sobre la impunidad para autores de crímenes de guerra que no sean máximos responsables.

La Ley Estatutaria estableció que "en ningún caso podrá renunciarse al ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos no amnistiables". Sin embargo, la Corte Constitucional condicionó a que los "crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, los cuales podrán ser atribuidos a los máximos responsables". Es decir, los rasos o mandos medios quedarían exentos de la acción penal por estos graves delitos. Solo los jefes responderían.

La Ley Estatutaria de la JEP que fue revisada por la Corte Constitucional ya fue remitida al presidente Iván Duque, quien tiene menos de un mes para ponerla en vigencia o hacerle objeciones y devolverla al Congreso.

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