Rifirrafe entre Procuraduría y Ministerio de Salud por costo de la UPC para el 2025
La Procuraduría General de la Nación le solicitó al ministerio los documentos necesarios para justificar el cálculo del costo de la UPC para el 2025
Noticias RCN
01:48 p. m.
Una nueva controversia se ha desatado en los recientes días entre el Ministerio de Salud y la Procuraduría General de la Nación.
Procuraduría solicitó al Ministerio de Salud información sobre el cálculo de la UPC para el 2025
Esto, luego de la solicitud que hizo la procuradora, Margarita Cabello, sobre el costo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
En el documento, la Procuraduría explica que “el cálculo de la UPC debe incorporar elementos actuariales ajustados a los cambios demográficos y epidemiológicos, utilizando datos representativos reportados por todas las EPS, además de incorporar correctamente ajustes por inflación y frecuencia”.
Por tanto, la agencia del Gobierno solicitó a la cartera presentar los “documentos o conceptos que incluyan los análisis y recomendaciones del grupo técnico dirigidos a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, relacionados con el cálculo de la UPC para el año 2025”.
Para la Procuraduría, la solicitud se realiza con el fin de asesorar y orientar el diseño y la definición de los Planes de Beneficios de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en la metodología para su actualización.
"Así como formular recomendaciones sobre el valor de la Unidad de Pago por Capitación y sobre los lineamientos para determinar la metodología para su cálculo".
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La respuesta del Ministerio de Salud a la Procuraduría General de la Nación
Sin embargo, el Ministerio de Salud publicó un escrito de recusación en el que explicó que la procuradora Cabello y Diana Margarita Ojeda Visbal, procuradora delegada para asuntos del trabajo y la seguridad social, realizaron un prejuzgamiento.
Para el ministerio, las declaraciones se realizaron bajo una serie de juicios de valor, sin ningún tipo de sustento probatorio, manifestaciones subjetivas y personales.
“Lo cual vulnera de entrada el principio de imparcialidad que debe regir las actuaciones administrativas, así como el principio al debido proceso, defensa y contradicción, presunción de inocencia, y demás que gobiernan la función administrativa”.
Entretanto, según el documento, algunas afirmaciones que ha realizado Diana Margarita Ojeda han atentado contra el ejercicio de la función pública.
“La afirmación de la dra. Ojeda atenta contra el correcto ejercicio de la función pública que con mucho honor, respeto y dedicación se ha venido realizando desde el Ministerio de Salud y Protección Social”.
El archivo de 11 páginas detalla los distintos escenarios en los que ambas representantes de la Procuraduría se refirieron a la presunta crisis del sistema y, además, solicita formalmente que, de aquí en adelante, se abstengan de participar en la discusión sobre el costo de la UPC.
“De manera respetuosa se solicita a las dras. (…) abstenerse de participar en cualquier calidad en todo tipo de actuación judicial, administrativa, y de cualquier otra índole, que pueda afectar la imparcialidad que debe regir en todas las actuaciones administrativas en las que haga parte el Ministerio de Salud y Protección Social”.
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