Salvatore Mancuso quedaría libre una vez llegue a Colombia, según Minjusticia

La solicitud de extradición de Salvatore Mancuso a Colombia y su recién nombramiento como gestor de paz, han causado un torbellino de opiniones desde los diferentes sectores políticos, sobre todo teniendo en cuenta los procesos que aún tiene vigentes el exjefe paramilitar con la justicia del país.

Al respecto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que Mancuso quedaría en libertad una vez llegue a suelo colombiano, pero que deberá seguir respondiendo por sus procesos pendientes. Además, señaló que su designación como gestor de paz no lo exime de los compromisos judiciales que tiene continúan en trámite en el país.

Él tiene muchos procesos en curso en Colombia, que siguen su trámite

Según dijo el ministro, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz será la encargada de delegarle las tareas a Mancuso una vez regrese al país.

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Osuna agregó que la reforma a la justicia que será planteada por el Gobierno buscará luchar contra la impunidad y proponer estrategias eficaces junto a todos los organismos del Estado para lograrlo.

La lucha contra la impunidad, la erradicación de la impunidad en Colombia. Estamos mirando como con todos los organismos del Estado logramos que haya unas estrategias más eficaces. Todavía estamos en borradores

Cabe recordar que, aunque Mancuso cumplió la condena que le habían dictado en Estados Unidos por narcotráfico, todavía tiene que responder ante la justicia colombiana por varios de los crímenes cometidos mientras fue comandante de varios bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en departamentos como Córdoba y Norte de Santander.

Mancuso, gestor de paz

Mediante una resolución firmada por el presidente de la República, Salvatore Mancuso fue oficialmente designado gestor de paz en el marco de los procesos que busca adelantar el Gobierno Nacional para lograr la desarticulación de las diferentes estructuras criminales que existen en territorio colombiano.

Para tal fin, el presidente Gustavo Petro solicitó a las autoridades suspender las medidas judiciales vigentes en contra del exjefe paramilitar, aun cuando mantiene sus compromisos de comparecer ante las salas de Justicia y Paz.

Con la designación de Mancuso, quien en ocasiones anteriores testificó ante la JEP sobre algunos de los crímenes cometidos por las AUC en zona fronteriza con Venezuela, el Gobierno espera ahondar en el "diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo el territorio nacional".

En caso de que Mancuso incumpliera con sus tareas como gestor y con las obligaciones que deberá ponerle la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, las órdenes de captura y demás medidas penales en su contra quedarían automáticamente activas.

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Los procesos de Mancuso en Colombia

Aunque Salvatore Mancuso cumplió una condena de un poco más de 15 años en Estados Unidos por el delito de narcotráfico, aún tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana.

El exparamilitar, que lideró varios bloques de las AUC en Córdoba y el Catatumbo, y que habría apoyado la financiación de las denominadas Convivir, es acusado de lavado de activos por una alianza conformada junto a alias La Gata, en la que habrían blanqueado más de 200.000 millones de pesos.

Por su parte, el tribunal de Justicia y Paz, al que se sometió como parte de los acuerdos de desmovilización del paramilitarismo firmados durante el Gobierno Uribe, lo condenó en 2014 a 40 años de prisión con una rebaja de ocho años.

Esta ley transicional lo señaló de una multitud de crímenes, entre los que se encuentran homicidios, desplazamientos, reclutamiento, actos de terrorismo, destrucción y apropiación de bienes protegidos, desapariciones, tortura, secuestro, acceso carnal violento, amenazas, actos sexuales abusivos, prostitución forzada, experimentos biológicos en personas protegidas y aborto sin consentimiento.

En una acusación del 2023, se le señala por la comisión de más de 4.000 crímenes que dejaron 6.552 víctimas en departamentos como Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre. Entre ellos se cuentan más de mil homicidios, cerca de dos mil casos de desplazamiento forzado, 371 desapariciones, 28 delitos por violencias basadas en género y 10 por reclutamiento.

Mancuso también tiene imputaciones por parte del Tribunal Superior de Bogotá y de la Fiscalía. Esta última por su participación en las masacres de El Aro, La Granja y Pichilín.