Sandra Ortiz declara ante la Corte Suprema tras perder principio de oportunidad
Ortiz fue trasladada en la mañana por el INPEC desde una guarnición militar hasta las instalaciones de la Corte.
Noticias RCN
11:03 a. m.
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones del gobierno de Gustavo Petro, rindió declaración este jueves ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Fiscalía le cerrara la puerta a un principio de oportunidad que le habría permitido colaborar con la justicia a cambio de beneficios judiciales.
Ortiz fue trasladada en la mañana por el INPEC desde una guarnición militar hasta las instalaciones de la Corte, donde fue recibida por la magistrada Cristina Lombana, quien lidera el caso en su contra dentro de la investigación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La exfuncionaria es señalada de haber sido la “mensajera” en la entrega de 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, según las pesquisas adelantadas por la Fiscalía. El dinero habría sido utilizado, presuntamente, para facilitar el trámite de varias reformas clave del Gobierno Petro en el Congreso.
Entregará pruebas
El abogado de Ortiz aseguró que su defendida “dirá toda la verdad ante la Corte” y presentará pruebas como chats y datos de geolocalización, con el fin de demostrar su versión de los hechos y aportar elementos que podrían influir en la investigación.
La diligencia ocurre una semana después de que la fiscal encargada del caso descartara la validez de algunas evidencias entregadas por Ortiz, lo que llevó a revocar su posibilidad de acogerse a una figura de colaboración con beneficios penales.
Fiscalía investiga amenazas a jueces
En paralelo, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por las recientes amenazas que han recibido jueces en el departamento del Cesar, particularmente en Valledupar. Según reportes, panfletos firmados por supuestos integrantes del Clan del Golfo advertían represalias si no se liberaban ciertos detenidos.
La denuncia fue radicada el 14 de abril y está en manos de un fiscal especializado que busca determinar el origen de las amenazas y reforzar las medidas de seguridad en las sedes judiciales del país.
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