SIC sanciona a la Alcaldía de Fusagasugá y empresas por direccionamiento de contratos del PAE
La decisión, contenida en la Resolución No. 12824 de 2025, establece que se favoreció a ciertos oferentes mediante requisitos restrictivos y prácticas anticompetitivas.
Noticias RCN
06:09 a. m.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones por más de dos mil millones de pesos a la Alcaldía de Fusagasugá, tres empresas y ocho personas naturales, tras encontrar pruebas de direccionamiento en procesos de contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE).
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La decisión, contenida en la Resolución No. 12824 de 2025, establece que se favoreció a ciertos oferentes mediante requisitos restrictivos y prácticas anticompetitivas.
Irregularidades detectadas
Según la investigación de la SIC, la Alcaldía incluyó condiciones en los pliegos de contratación que limitaron la participación de nuevos competidores, beneficiando a los agentes sancionados:
- Exigencia de una bodega con cuarto frío y concepto sanitario vigente con una antelación máxima de 60 días.
- Presentación de hojas de vida, certificaciones sanitarias y exámenes médicos de los trabajadores antes de la adjudicación.
Estos requisitos, según la SIC, fueron considerados desproporcionados y una barrera injustificada para otros proponentes, incumpliendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.
Adicionalmente, en al menos cuatro de los contratos investigados, la Alcaldía habría fijado los valores estimados basándose en cotizaciones de las mismas empresas sancionadas, permitiéndoles preparar sus propuestas con ventaja.
Coordinación indebida entre la Alcaldía y oferentes
La Superintendencia también identificó que las empresas PROYECOOP, L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. y FUNDACIÓN TTOBÍAS mantuvieron comunicación directa con funcionarios de la Alcaldía a través de reuniones, correos y mensajes. Esta coordinación les otorgó acceso privilegiado a documentos clave antes de su publicación oficial, lo que confirmó el direccionamiento de los contratos.
La SIC enfatizó su compromiso con la transparencia en la contratación estatal, especialmente en programas esenciales como el PAE, que impactan directamente a niños y adolescentes. La resolución que impone las sanciones está en proceso de notificación y contra ella procede recurso de reposición ante la Superintendente de Industria y Comercio.
Esta decisión reafirma la importancia de garantizar la pluralidad de oferentes en la contratación pública y evitar que recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio de intereses particulares.
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