Sigue la tensión en el Catatumbo en medio de una delicada situación de orden público

Luego de los combates entre el ELN y el EPL, y anuncios de un paro armado, la misión médica denuncia la imposibilidad de atender o movilizar pacientes en las vías del Catatumbo.

En el Puesto de Mando Unificado instalado en Cúcuta, se tomaron medidas que, según las autoridades, serán aplicadas de inmediato. Entre ellas, hacer una ruta humanitaria de apoyo a las familias.

Ante la crisis los alcaldes de las poblaciones del Catatumbo también se reunieron para tomar medidas y decisiones. Acordaron abrir el comercio día de por medio y media jornada.

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, hizo un llamado a los grupos en contienda.

“Rechazo a todas las acciones violentas que han vulnerado los derechos humanos de los habitantes de la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, en el marco de la disputa armada entre las estructuras del ELN y el Ejército Popular de Liberación –EPL”, dice el comunicado de la Defensoría del Pueblo.

El lunes el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, declaró el estado de emergencia humanitaria en la convulsa región del Catatumbo debido a los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el reducto insurgente del EPL.

"Se ha decretado la emergencia humanitaria para buscar los mecanismos que nos permitan atender de manera inmediata a todas las personas que están siendo desplazadas", informó Villamizar en declaraciones a la prensa.

Unas mil familias se encuentran en tres refugios de la región, además de las personas que "llegan a las cabeceras municipales" al huir de los enfrentamientos entre los grupos armados en las zonas rurales, según Villamizar.

El Ejército Popular de Liberación (EPL, también conocido como ‘Los Pelusos’) declaró un "paro armado" durante el cual se prohíbe "el tráfico de cualquier tipo de automotor" y ordena "al comercio cesar todo tipo de actividades", según difundió la banda en un panfleto.

En consecuencia, varios comercios, escuelas y hospitales de los municipios afectados se encuentran cerrados y las compañías de transporte no realizan viajes a la región.

Villamizar estimó que alrededor de 4.000 niños no pueden asistir a las clases.