Secretaría de Transparencia pidió explicaciones al alcalde de Medellín por más de $68.000 millones en contrataciones directas
De acuerdo con el informe de Transparencia, no existe soporte para la selección y adjudicación de contratos directos con personas jurídicas, hechos por la administración de Federico Gutiérrez.
Noticias RCN
06:22 a. m.
La Secretaría de Transparencia de la presidencia pidió explicaciones al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por la adjudicación de contratos directos por la suma de $68.893.368.552, de los cuales “no se encuentra soporte” ni “argumentos fácticos y jurídicos” para su selección.
De acuerdo con la información compartida por el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, se habría presentado una evasión del mecanismo de selección principal establecido para las licitaciones públicas.
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La Secretaría presume que la Alcaldía de Medellín habría usado mecanismos excepcionales de selección directa “sin justificación”.
¿Qué encontró la Secretaría de Transparencia?
Según Idárraga, la lupa está puesta sobre algunas observaciones dentro de los procesos de contratación, entre las que se encuentra la posible suscripción de convenios con personas jurídicas bajo modalidad de selección directa sin el cumplimiento de requisitos legales.
Además, la Secretaría atañe a una presunta falta de acreditación en los documentos publicados en el Secop II, así como una posible falta de justificación de las contrataciones en la figura de prestación de servicios.
Para la entidad, no es clara la prestación personal del servicio dentro de las exigencias de la ejecución, pues se establecen pagos contra entrega de productos que no corresponden a servicios profesionales sujetos a honorarios periódicos.
¿De qué contratos se trata?
Se trata de por lo menos 12 contratos por prestación de servicios, los cuales aparecen en estado adjudicado en la plataforma del Secop II.
Algunos de ellos ascienden a sumas de $10.000, $11.000 y hasta $20.000 millones, y tienen como objeto la prestación de servicios para prevención de violencias y maltrato infantil, actividades de conservación de cuencas, atención de adolescentes con medidas privativas de libertad, ejecución de proyectos de la Secretaría de Espacio Público, políticas de inclusión para personas con discapacidad, y atención integral a la primera infancia.
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