Tres ministros a responder ante JEP por seguridad de excombatientes de las Farc

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz citó para el próximo 25 de noviembre a audiencia pública a tres ministros y al fiscal general de la Nación, dentro del trámite de estudio de medidas cautelares de protección integral para los exintegrantes de las antiguas Farc que firmaron el Acuerdo de Paz.

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La JEP verificará el cumplimiento de las órdenes dadas a las entidades estatales sobre la implementación de las garantías para los excombatientes. Al igual que las garantías de seguridad para la reincorporación de los mismos en los territorios, “con enfoque territorial, de género y étnico”.

Además, en el marco de las garantías de no repetición y el proceso de reconciliación, se revisará lo realizado para prevenir y superar la estigmatización.

Los funcionarios citados son:

• Ministro de Hacienda y Crédito Público: Alberto Carrasquilla Barrera.
• Ministra del Interior: Alicia Arango Olmos.
• Ministro de Defensa: Carlos Holmes Trujillo García.
• Alto Comisionado para la Paz: Miguel Antonio Ceballos Arévalo.
• Fiscal General de la Nación: Francisco Barbosa Delgado.
• Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación: Emilio José Archila Peñalosa.
• Procuradora Delegada con Funciones de Seguimiento al Acuerdo de Paz: Mónica Cifuentes Osorio.
• Defensor delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas: Ricardo Arias Matias.
• Director de la Unidad Nacional de Protección: Alfonso Campos Martínez.

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Es importante señalar que, en caso de imposibilidad de asistir a la diligencia, únicamente podrán delegar su participación al proceso a viceministros y vicefiscal, además, esto debe ser bajo previa justificación y verificación por parte de la JEP. En las demás entidades los funcionarios deberán permanecer durante todo el desarrollo de la audiencia.

“El 25 de noviembre se verificarán los planes de lucha contra la impunidad y política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales en los territorios, con enfoque territorial, de género y étnico, en el contexto de las garantías de no repetición”, añadió el documento de la JEP.

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