Unidad de Víctimas reveló detrimento por más de $4.200 millones en el Fondo de Reparación

Una auditoría forense realizada por la Secretaría de Transparencia encontró irregularidades en contratos firmados entre 2018 y 2022.


Unidad Víctimas denuncia detrimento Fondo de Reparación
Foto: Unidad para las Víctimas

Noticias RCN

abril 09 de 2024
11:23 a. m.
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Tras una auditoría forense realizada por la Secretaría de Transparencia al Fondo de Reparación de Víctimas, por solicitud de la directora de la UARIV, Patricia Tobón, se encontró un detrimento por más de $4.200 millones, al parecer por irregularidades en la administración de inmuebles y anomalías en la contratación de bienes y servicios entre 2018 y 2022.

De acuerdo con la Unidad, el informe fue solicitado con el fin de diagnosticar el estado del Fondo y las posibles irregularidades en el manejo de los bienes que debían ser usados para la reparación de las víctimas reconocidas por la Ley de Justicia y Paz.

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La auditoría reveló que el detrimento se debería a que, en algunos casos, no se consideró el área total de los inmuebles a la hora de calcular los cánones mensuales de arrendamiento, lo que habría generado una pérdida superior a los $3.786 millones entre 2018 y 2022.

Otros hallazgos en la auditoría al Fondo de Reparación de Víctimas

Adicional a esto, Transparencia encontró que, al parecer, el canon de arrendamiento reportado era inferior al estimado, lo que causó pérdidas por $98 millones, y más de $63 millones en casos en los que el método sugerido para su estimación generaba menos ingresos para el fondo.

En el informe se incluye un detrimento de $21 millones que se habría derivado de la estimación inferior del canon sugerido y el no incremento del mismo durante varios periodos.

Presuntamente, a sabiendas de que estas estimaciones estaban por debajo del valor real, los funcionarios de entonces dieron el aval a las contrataciones faltando al principio de transparencia en los procesos de arrendamiento.

Al parecer, entre 2018 y 2022, varios grupos de contratistas cambiaron el nombre de sus empresas para acaparar los contratos de la entidad, superando la suma de 84.000 millones de pesos, lo que fue posible gracias a una aparente falta de control en los procesos contractuales.

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