Pregrados serán gratis en universidades públicas, ¿a quiénes se prioriza?

El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2307 de 2023. Esta dicta la gratuidad de los programas de pregrado en las universidades públicas del país y le da un plazo al Ministerio de Educación para regular y establecer todos los detalles.

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Es poco lo que se sabe y mucho lo que se cuestiona, por eso en NoticiasRCN.com conversamos con la senadora María José Pizarro, quien presentó el proyecto.

Cuando hablan de gratuidad, ¿qué cubre esto?

La ley establece gratuidad en la matrícula de programas de pregrado de las instituciones públicas de educación superior.

Establece también que el Gobierno promoverá medidas para garantizar la permanencia y terminación de los procesos formativos de los estudiantes, como transporte y manutención, los cuales serán otorgados progresivamente. En este aspecto, se priorizarán grupos poblacionales en condición de pobreza extrema, víctimas del conflicto armado; los pertenecientes a comunidades étnicas: indígenas, rom, raizales, afrodescendientes y palenqueras, así como la población con discapacidad, madres, cabeza de familia y jóvenes graduados como bachilleres de colegios oficiales, ubicados en las zonas rurales del país y que se encuentren en el Sisbén IV.

Dice la ley que el Gobierno deberá garantizar la financiación de estos pregrados gratis, ¿de dónde saldrán los recursos?

En cuanto a la financiación, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional garantizará los recursos necesarios para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado a través del Presupuesto General de la Nación y a su vez, autoriza a las entidades territoriales transferir recursos que garanticen la gratuidad de la matrícula. En ningún caso, lo dispuesto en la iniciativa afecta los presupuestos actuales de las Instituciones de Educación Superior (IES).

¿Cómo se piensa incluir a los privados en esta iniciativa para que no afecte a estas universidades? 

Esta es una ley que fue aprobada por el Congreso y que debe ser reglamentada por el Gobierno en el marco de sus competencias. El Gobierno respeta la autonomía universitaria, tanto pública como privada y está en sus manos garantizar el funcionamiento de lo público. Su meta, la de su bancada y del movimiento estudiantil y profesoral, es que todas las personas puedan acceder a la educación pública, gratuita y de calidad, entendiendo la educación como un derecho fundamental y que como tal debe ser garantizado por el Estado. En este sentido, esta ley toma tal relevancia.

¿Cómo focalizar este beneficio para que llegue a quienes más lo necesitan?

Este beneficio no se basa en la focalización, sino que le apuesta a la universalidad. Se prioriza la permanencia a los sujetos de especial protección. 

Seguiremos trabajando junto con el Gobierno, el movimiento estudiantil y profesoral para que en Colombia exista educación superior, gratuita, universal y de calidad. Vamos también por la reforma a la ley 30, para que la educación superior efectivamente se consolide como un derecho importante, lo que ha sido una lucha de miles de jóvenes de Colombia.

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