Otras dos grandes empresas están en riesgo en Colombia: solicitaron reorganización empresarial

En medio de la difícil situación macroeconómica de los últimos meses, este 2 junio otras dos empresas decidieron acogerse a la ley de reorganización empresarial, en busca de un futuro sólido.

La empresa Restcafe y Frayco, dueña de las marcas Oma café y Presto, decidió hacer una solicitud formal antes la Superintendencia de Sociedades para acogerse así a un proceso de reorganización. Cabe resaltar que esta misma solicitud la realizaron las aerolíneas Ultra Air y Viva Air tras cesar operaciones por su crítica situación financiera.

Según la ley de reorganización empresarial, 1116 del año 2006, se pretende a través de un acuerdo, preservar las empresas y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, todo a través de una reestructuración.

Este proceso permite que las compañías cambien de manera radical la forma en que ejecutan sus operaciones, teniendo como consecuencia la posible reducción de la empresa o venderla a un tercero.

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¿Qué sucedió con Oma y Presto?

Estas gigantes tienen compromisos y responsabilidades con diferentes proveedores o colaboradores del sector financiero, lo que les complica su situación para continuar a flote y es así como la opción más viable se convirtió en acogerse al proceso de reorganización.

Establece en su comunicado la empresa que la idea es proteger la continuidad del negocio y el empleo, y así apostar por el país.

Una de las razones principales que llevó a la empresa a tomar esta decisión, es la inflación, los altos costos de insumos para operación y las altas tasas de interés.

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¿Están quebrados?

El comunicado es claro al establecer que lo que se busca es un futuro más sólido para la empresa y sus empleados, lo que significa que no se encuentra en ‘quiebra’, pero que sus inconvenientes financieros le impiden seguir operando de la manera en que lo venía haciendo.

Respecto al pago de los salarios de los empleados establece el comunicado lo siguiente:

“Los colaboradores de las empresas tendrán derechos y garantías frente al proceso y seguirán con el pago de salarios y prestaciones sociales. La normativa establece herramientas que aseguran la continuidad de las operaciones y la empleabilidad”.