Petro anunció que el Gobierno podría asumir funciones de la Creg

Un momento difícil está atravesando la región del Atlántico por el alza de las tarifas de la energía, que tiene azotados a los ciudadanos con elevados costos de las facturas de la electricidad. Por esa razón, el presidente Gustavo Petro advirtió que estudia la posibilidad de que el Gobierno Nacional asuma las funciones que desempeña la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

“Hay una ley hecha por el expresidente Iván Duque, en su plan de desarrollo, que nos permite asumir las funciones de la CREG. Y ese artículo lo vamos a buscar”, aseguró Petro.

El presidente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, Mauricio Lizcano, aseguró en su cuenta oficial de Twitter que lo que busca Gustavo Petro es “atendido a las facultades que el Actual Plan de Desarrollo del expresidente Duque, el mandatario ordenó al Ministerio de Minas, asumir funciones de CREG para intervenir el mercado de energía eléctrica”.

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Independencia

Gustavo Petro aseguró que lo más importante era que la CREG y las superintendencias pudieran trabajar de manera “independiente” del interés de la empresa privada. “Estos entes son para regular los mercados en función del deber universal, no para firmar los procesos de especulación financiera como hasta ahora han realizado”.

Y añadió del compromiso que debe tener la Superintendencia de Servicios Públicos: “Deben primar los intereses generales y públicos. Vamos a saber qué inversiones hicieron en Afinia y en Air-e o si la estamos cobrando por adelantado porque el Estado hizo unas inversiones”.

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¿Qué es la CREG?

Cabe destacar que la Comisión de Regulación de Energía y Gas tienen como objetivo primario regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante y produzcan servicios de calidad.

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Es importante decir que para lograr esto deben generar proyectos de ley al Gobierno Nacional y recomendar las medidas que deben asumir en los decretos reglamentarios.

Además, verse bajo la vigilancia de la Superintendencia y a las normas que esta Ley contiene en materia de tarifas, de información y de actos y contratos, a empresas determinadas que no sean de servicios públicos.