Argentina decretó medida inclusiva para garantizar puestos públicos a personas transexuales

El gobierno argentino en cabeza del presidente Alberto Fernández dio un paso hacia la inclusión de poblaciones minoritarias y discriminadas en su país, a través de la emisión de un decreto que garantiza un porcentaje mínimo de puestos públicos para miembros de la población travesti, transgenero y transexual.

El decreto que señala que "toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo sin discriminación por motivos de identidad de género o su expresión".

Lea también: Joven colombiano fue golpeado en Francia por ser gay

También establece que al menos un 1% de los cargos públicos de cada una de las distintas entidades del estado debe estar reservado para miembros de dicha comunidad.

Según medios internacionales, esta población es precisamente una de las que mayores casos de discriminación sufre en Argentina, condición que a su vez se suma a la corta esperanza de vida que tienen sus miembros, la cual no supera los 36 años.

Esta medida busca solventar en parte una situación denunciada por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) la cual señala que en su país "el 90% de las personas trans no está dentro del mercado formal de trabajo”, denunciando a su vez que un abrumador porcentaje, el 95%, actualmente se dedica a labores como la prostitución.

Dentro de las medidas que establece esta nueva providencia en materia laboral en el sector público argentino se establece que el país debe comenzar a realizar un registro de las personas, pertenecientes a esta comunidad, que estén interesadas en ocupar cargos públicos.

El registro, que será de carácter voluntario, también implica que los aspirantes demuestren su idoneidad para el cargo.

Le puede interesar: Vicente Fernández rechazó donación de órgano por miedo a que fuera de un gay

La base de datos será puesta a disposición de las entidades, para que estas puedan comenzar a designar a las personas en sus cargos.

Desde el año 2012, la ley argentina también dispuso que la persona "que mate a una mujer o a una persona que se autoperciba con identidad de género femenino", podría estar sujeta a cadena perpetua.