El Salvador dicta por primera vez cadena perpetua por feminicidio
De acuerdo con las autoridades, el condenado atacó con un arma blanca a una vecina a quien, según la investigación, acosaba de manera constante.
Noticias RCN
09:30 a. m.
La Fiscalía salvadoreña confirmó este martes la sentencia contra un hombre declarado culpable del asesinato de una mujer ocurrido en agosto del año pasado en Santa Ana, al occidente de San Salvador.
De acuerdo con las autoridades, el condenado atacó con un arma blanca a una vecina a quien, según la investigación, acosaba de manera constante. El crimen fue catalogado como feminicidio agravado debido a las circunstancias en las que ocurrió.
Primera cadena perpetua por feminicidio
La sentencia marca un precedente en el sistema judicial salvadoreño. El pasado viernes, los tribunales habían dictado la primera condena a prisión perpetua por asesinato desde la entrada en vigor de la reforma. Ahora, la medida se aplica por primera vez en un caso de feminicidio.
La posibilidad de imponer esta pena surgió después de que el Congreso, controlado por el oficialismo, modificara en abril la prohibición constitucional de la prisión perpetua.
Con el cambio, la cadena perpetua puede aplicarse en casos considerados especialmente graves, entre ellos homicidio, violación y terrorismo.
Antes de la reforma, la pena máxima en El Salvador era de 60 años de prisión y existían mecanismos que permitían reducir las condenas.
Posteriormente, el gobierno de Bukele también impulsó una modificación que permite aplicar este castigo a menores de edad responsables de delitos como asesinatos, violaciones o actos relacionados con terrorismo.
La política de seguridad de Bukele
La nueva condena se conoce en medio de la política de seguridad que ha caracterizado al gobierno de Nayib Bukele. Desde 2022, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción, presentado por el mandatario como una de las principales herramientas para combatir a las pandillas.
Según cifras oficiales citadas en el contexto de esta política, alrededor de 92.000 personas han sido encarceladas, mientras que los índices de criminalidad han caído a mínimos históricos.
Sin embargo, las medidas también han generado fuertes cuestionamientos. Expertos de Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado presuntos abusos cometidos durante el régimen de excepción y han advertido que algunas de estas acciones podrían constituir violaciones graves de derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad.
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