Expertos de la ONU denuncian desapariciones forzadas de opositores en Venezuela
Expertos independientes de las Naciones Unidas exigen al gobierno de Nicolás Maduro el fin inmediato de las detenciones arbitrarias de opositores y activistas.
Noticias RCN
06:35 a. m.
La comunidad internacional vuelve a centrar su atención en Venezuela tras un nuevo pronunciamiento de expertos independientes de las Naciones Unidas, quienes han exigido al gobierno Nicolás Maduro el fin inmediato de las detenciones arbitrarias e incomunicadas de opositores y activistas, prácticas que calificaron como “desapariciones forzadas” y posibles crímenes internacionales.
Expertos de la ONU piden a Venezuela que ponga fin al aislamiento de opositores detenidos
El pronunciamiento provino de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, un organismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En su reciente comunicado, la Misión citó el caso del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, miembro de la organización no gubernamental Provea (Programa Venezolano de Acción Educativa en Derechos Humanos), quien estuvo desaparecido desde el 9 de mayo hasta que la Fiscalía confirmó su detención este martes 13.
“La detención y desaparición de opositores es parte de un plan deliberado del aparato represivo del Estado para silenciar a figuras de la oposición”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Añadió que mantener a personas en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica ilegal que puede constituir un crimen internacional.
El organismo también denunció la falta de acceso a mecanismos legales efectivos, como el hábeas corpus, fundamental para evitar abusos de poder en procesos judiciales. “Sin garantías jurídicas básicas, la represión política se institucionaliza”, advirtió Valiñas.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, justificó la detención de Torres alegando su supuesta vinculación con una “trama conspirativa para generar violencia” durante las elecciones legislativas y regionales previstas para el 25 de mayo.
Los cargos que enfrenta podrían acarrear una condena de hasta 30 años de prisión, la pena máxima contemplada por la legislación venezolana.
Desde la controvertida reelección de Nicolás Maduro en julio del año pasado, múltiples sectores de la oposición han denunciado fraude electoral, reclamando el triunfo de su candidato, el exiliado Edmundo González Urrutia.
En ese mismo mes, Venezuela vivió una ola de protestas que dejó 28 muertos y al menos 2.400 detenidos, según cifras independientes.
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Aunque cerca de 1.900 de los detenidos han sido liberados bajo medidas cautelares, organizaciones como Foro Penal contabilizan actualmente 894 presos políticos en el país.
Entre ellos se encuentran figuras reconocidas del activismo en derechos humanos como Rocío San Miguel y Javier Tarazona.
El pronunciamiento de la Misión se suma a los crecientes reclamos de la comunidad internacional por una transición democrática en Venezuela y el respeto a los derechos fundamentales.
Aunque el gobierno venezolano ha desestimado repetidamente las acusaciones de violaciones a los derechos humanos, las denuncias documentadas por organismos multilaterales continúan sumando presión.
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