Madrid está bajo un cierre perimetral por rebrote de covid

El confinamiento perimetral a la capital y nueve localidades vecinas, epicentro de la epidemia en España, comenzó a las 10:00 p.m. del viernes "por un período inicial de 14 días, pudiendo ser prorrogado" en función de la evolución epidemiológica, señaló el boletín oficial de Madrid, que adoptó una orden del Ministerio de Sanidad.

Estas medidas se producen al término de un enfrentamiento político entre el gobierno central de izquierdas, partidario de endurecer las medidas ante la alta incidencia de la enfermedad en Madrid, y el ejecutivo regional, de signo conservador y muy reticente entre otras cosas por el perjuicio económico esperado.

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Las restricciones significan que los vecinos solo podrán salir de su municipio en determinados casos, como ir a trabajar o estudiar, ir al médico y atender a personas dependientes.

En cualquier caso podrán moverse libremente dentro de sus municipios y no se verán confinados en sus casas, como ocurrió en primavera en toda España. 

Tampoco se prevén restricciones de vuelos internacionales desde Madrid, donde se dan un tercio de todos los casos y decesos del país, que acumula durante la pandemia casi 790.000 contagios y más de 32.000 fallecidos.

Las autoridades madrileñas anunciaron que acataban "la norma que nos impone el gobierno", pese a que "van a generar un gran caos", según el responsable regional de Justicia, Enrique López.

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Pese al visto bueno, la aplicación se enfrenta a una serie de obstáculos de carácter judicial y operativo.

Sin multas los primeros días 

Alegando una "invasión de competencias" y una "limitación de derechos fundamentales" que debe afrontarse con "especial mesura", la región de Madrid presentó ante la Audiencia Nacional, un alto tribunal, un recurso donde pide suspender las restricciones ordenadas por el gobierno.

La presentación del recurso no paraliza la aplicación de las limitaciones de movimientos, ya que la Comunidad de Madrid no pidió medidas cautelares.

En el escrito presentado, el ejecutivo regional alega que las limitaciones carecen de validez jurídica, ya que no fueron aprobadas de manera unánime en una reunión celebrada el miércoles entre el gobierno central y las 17 regiones del país, competentes en materia de gestión sanitaria.

El segundo bemol es que no habrá multas para las infracciones hasta que un tribunal de ámbito regional valide esta limitación de derechos constitucionales. La Policía se limitará por el momento a informar y advertir a los ciudadanos.