Obama conmuta la condena al independentista puertorriqueño Óscar López Rivera

Sin la conmutación concedida este martes por Obama, López Rivera, quien lleva 35 años en prisión por conspiración sediciosa, hubiera salido de la cárcel en 2023, con 80 años de edad.

Obama ha usado así su poder ejecutivo para conmutar la pena de López Rivera tres días antes de abandonar la Casa Blanca y de pasar el bastón de mando, el viernes 20 de enero, al presidente electo de EE.UU., Donald Trump.

La semana pasada, unas 200 personas hicieron en Washington el último llamado de clemencia a Obama en favor de López Rivera y llevaron físicamente a la Casa Blanca las cajas con las 105.000 firmas recogidas, que se suman a otras 108.000 registradas en la página web ‘We The People’.

Reconocidas figuras públicas firmaron la petición y mostraron su apoyo público al activista, entre ellas los gobernadores saliente y entrante de Puerto Rico, Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló, los artistas Ricky Martin y la agrupación urbana Calle 13, y el expresidente estadounidense Jimmy Carter.

También los puertorriqueños multiplicaron las peticiones de excarcelamiento para López Rivera con motivo de su 74 cumpleaños el pasado 6 de enero.

López Rivera fue encarcelado junto a otros compañeros que lucharon activamente en los años 80 desde Chicago y en 1999 el entonces presidente de EE.UU., Bill Clinton, conmutó las condenas de once de ellos.

Clinton también le ofreció el indulto a López Rivera, pero él, que nunca ha sido acusado de delitos de sangre, se negó a aceptarlo si no se ampliaba a todos sus compañeros.

En la actualidad López Rivera se encuentra en la prisión de Terre Haute, en el estado de Indiana, donde lleva encarcelado desde 1998, después de haber pasado por otras prisiones estadounidenses.

Durante sus dos mandatos, Obama ha conmutado las condenas de 1.176 personas, incluyendo 395 penas a cadena perpetua, con lo que ha sumado más perdones de este tipo que los 11 presidentes anteriores juntos, de acuerdo con la Casa Blanca.

Obama ha promovido sin éxito desde la Casa Blanca una reforma del sistema de justicia penal con el objetivo de reducir las sentencias a los condenados por delitos no violentos relacionados con las drogas, que afectan principalmente a los hispanos y a los afroamericanos.