ONU cuestiona a autoridades peruanas por mal uso de fuerza ante manifestaciones por Manuel Merino

Perú debe garantizar el derecho a la reunión pacífica, alertó este jueves la oficina de Derechos Humanos en América del Sur de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), después de asegurar haber recibido "información inquietante" sobre el actuar de la policía peruana en manifestaciones esta semana.

Varias protestas callejeras estallaron en Perú a raíz la asunción el martes del mandatario Manuel Merino luego de la destitución por parte del Congreso de la presidencia de Martín Vizcarra por "incapacidad moral".

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En una declaración, Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, aseveró que su oficina recibió "información inquietante" en el marco de las protestas ocurridas en Perú tras la destitución de Vizcarra.

"La policía tiene la obligación de observar en todo momento las normas internacionales sobre uso de la fuerza en la gestión de manifestaciones, absteniéndose de utilizarla de manera ilegal, excesiva o arbitraria", dijo Jarab en la declaración.

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En este marco, advirtió el funcionario: "las escopetas con munición potencialmente letal pueden ser utilizadas solo para hacer frente a una persona que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, no para dispersar manifestantes".

Según Jarab, la oficina de la ONU pudo constatar "casos de detenciones realizadas por policías vestidos de civil sin identificarse como tales".

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ONU Derechos Humanos expresó su particular preocupación por la detención "arbitraria y criminalización" de Carlos Rodríguez, integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), quien estuvo privado de libertad por 17 horas. 

"Con su labor, el Sr. Rodríguez vela porque se garantice el derecho de las personas detenidas a la defensa legal. Insto a las autoridades a que la investigación en su contra se realice de forma independiente, imparcial y teniendo en cuenta su rol como defensor de derechos humanos", aseguró el funcionario de la ONU que también consideró "alarmantes" las agresiones contra al menos 16 trabajadores de medios de comunicación mientras desempeñaban su labor en medio de las protestas.

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La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene sede en Santiago y trabaja con ocho países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.