ONU identificó a 54 altos funcionarios de Nicaragua por violaciones de derechos humanos
Expertos de la ONU revelaron, por primera vez, la identidad de 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua, como responsables de graves crímenes.
Noticias RCN
09:00 a. m.
Este jueves 3 de abril, expertos de la ONU revelaron por primera vez la identidad de 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua, con Daniel Ortega y Rosario Murillo a la cabeza, como responsables de graves crímenes y una represión sistemática en el país centroamericano.
El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua expone a quienes califica de responsables de violaciones de derechos humanos, abusos y crímenes que alimentan una campaña de represión en el país.
Altos funcionarios de Nicaragua cometieron crímenes de DDHH
En los últimos siete años, estos individuos han desempeñado funciones clave en detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y persecución de la sociedad civil.
Daniel Ortega, exguerrillero sandinista de 79 años, gobierna Nicaragua desde 2007, y su gestión es criticada por instaurar una "dictadura familiar" junto a su esposa, Rosario Murillo, de 73 años.
Recientemente, ambos se autoproclamaron “copresidentes” mediante una reforma constitucional que consolidó su dominio sobre el país.
El informe de la ONU describe cómo el régimen intensificó su control tras las protestas de abril de 2018, que fueron brutalmente reprimidas, dejando más de 300 muertos, según Naciones Unidas.
Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, señaló que el gobierno convirtió "cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo".
Entre los altos cargos identificados en el informe figuran el jefe del Ejército, Julio César Avilés; el director de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Las consecuencias de esta represión han sido devastadoras. Desde 2018, cientos de miles de nicaragüenses han sido forzados al exilio.
El gobierno expulsó y despojó de la nacionalidad a unos 450 críticos, incluyendo políticos, sacerdotes, periodistas, escritores y empresarios, muchos de los cuales estuvieron encarcelados bajo cargos de "traición a la patria".
Las autoridades también han cerrado más de 50 medios de comunicación y clausurado cerca de 5.700 organizaciones no gubernamentales, con la consiguiente confiscación de bienes.
El informe de la ONU subraya que estas acciones no son incidentes aislados, sino parte de una política de Estado deliberada y bien orquestada.
Reed Brody, uno de los expertos del grupo, considera el documento como una "hoja de ruta para la justicia", ya que proporciona a los Estados y organismos internacionales los nombres, estructuras y evidencias necesarias para avanzar en la rendición de cuentas.
Identifican a policías, militares y diputados de Nicaragua como responsables de graves crímenes
El grupo de expertos insta a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes, incluyendo sanciones contra el gobierno de Nicaragua y un mayor apoyo a las víctimas y la sociedad civil.
Desde febrero de 2024, con la reforma constitucional en vigor, Ortega y Murillo consolidaron un control absoluto del Estado, eliminando la independencia de poderes y legitimando el despojo de la nacionalidad, la vigilancia sobre la Iglesia y la prensa. Además, crearon una fuerza de encapuchados para reforzar a las fuerzas de seguridad.
Un día después de la publicación del informe, Nicaragua anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en una clara muestra de su rechazo a la rendición de cuentas y a la presión internacional.
El futuro del país sigue marcado por la incertidumbre y el clamor de justicia por parte de las víctimas de la represión estatal.
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