Presidente de Perú anunció Estado de excepción y disolvió temporalmente el Congreso

A pocas horas del debate de la vacancia y en medio de graves acusaciones en su contra, el presidente de Perú, Pedro Castillo, decretó la disolución temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional.

Además, Castillo convocó en el más breve plazo a unas elecciones para definir un nuevo Congreso con facultades constituyentes con el fin de escribir una nueva constitución. Estas deberán celebrarse en un plazo no mayor de nueve meses, según decretó el jefe de Estado.

Además, el mandatario peruano anunció un toque de queda que regirá a partir de las 10 de la noche de este 7 de diciembre.

Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley.

Asimismo, Castillo declaró “reorganización el sistema de Justicia, Poder Judicial, el Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional”.

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Cabe recordar que este miércoles se tenía prevista la audiencia de moción de censura contra el presidente Castillo, basada en una acusación del legislativo por su supuesta “incapacidad moral” para gobernar. Desde el 2021 es la tercera vez que se intenta implementar este recurso sobre su gestión.

Ante el anuncio de Castillo, el ministro de Economía del Perú, Kurt Burneo, anunció su renuncia irrevocable aludiendo a una "vulneración al Estado de Derecho".

¿Por qué piden la renuncia de Castillo?

Entre las razones en el Congreso para destituir a Castillo figuran su supuesta incompetencia para gobernar tras designar cinco gabinetes y al menos 80 ministros en año y medio de gestión; además de llevar a sus espaldas varias investigaciones de corrupción que involucran a su familia.

En octubre, la fiscalía presentó ante el legislativo una denuncia constitucional contra Castillo por supuestamente liderar "una organización criminal" para obtener ganancias con contratos del Estado y obstruir las investigaciones. Sin embargo, Castillo negó todas las acusaciones y dijo que la denuncia era un intento de "golpe de Estado" de la Fiscalía y el Congreso.

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