Todo lo que debe saber sobre el nuevo litigio entre Colombia y Nicaragua en La Haya

Avanza el litigio entre Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en relación a la demanda impuesta en 2013 desde Managua para la ampliación de su plataforma continental.

Este tema de vieja data, se desprende desde la firma del tratado de 1928 en el que ambas naciones acordaron que Colombia tendría la soberanía territorial sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, decisión que el régimen sandinista desconocería más tarde, alegando que la determinación se había tomado durante la ocupación estadounidense.

Como consecuencia, Nicaragua decidió llevar el caso hasta los estrados de la CIJ reclamando la soberanía de las islas, tema que la Corte fallaría hasta el 2012.

En esa primera resolución, la CIJ determinó que el Archipiélago y los cayos de Quitasueño y Serrana seguían perteneciendo a la jurisdicción colombiana, sin embargo, se le otorgó a Nicaragua una mayor extensión de aguas, por lo que los enclaves quedaron rodeados de mar nicaragüense.

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Un año más tarde, en 2013, Nicaragua volvió a demandar a Colombia por un supuesto incumplimiento en el fallo anterior, acusando por la explotación de pesca y patrullaje en sus aguas. Ante esto, Colombia contrademandó y la Corte se volvió a pronunciar.

En el fallo más reciente, de abril del 2022, la CIJ aseguró que Colombia había violado los derechos soberanos de Nicaragua, sin embargo, los defensores del país explicaron en su momento que la determinación también había establecido que las nuevas mediciones marítimas de Nicaragua estaban fuera del derecho internacional.

¿Por qué hay una nueva audiencia ante La Haya?

Este 5 de diciembre iniciaron nuevamente las audiencias orales de Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, esta vez por la solicitud del segundo país sobre una delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas.

Según el alegato de los centroamericanos, existe una prolongación natural desde las costas nicaragüenses más allá de las 200 millas, por lo que aseguran que eso les daría derecho a prolongar su área marítima, aun cuando esta se interponga sobre el mar colombiano.

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Entretengo, los representantes de Colombia han asegurado que no existe ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar y que los argumentos de Nicaragua son inválidos pues el derecho consuetudinario no se aplica sobre tecnicismos de delimitación territorial.

Por su parte, la Corte decidió limitar la discusión a dos puntos centrales, relacionados con el derecho consuetudinario y el reconocimiento de una plataforma que interfiera con las 200 millas náuticas de otro territorio.

En caso de que el tribunal tome una decisión, por fin se daría cierre a esta discusión de décadas. Sin embargo, si se llega a una providencia, el tema entraría a evaluarse desde una perspectiva técnica más compleja.

A esto se suma la baja probabilidad de un acuerdo político entre Colombia y Nicaragua, enraizada en las críticas contra el régimen de Daniel Ortega, las cuales se mostraron mucho más airosas durante el Gobierno Duque.