¿Qué consecuencias tendría el decreto de conflicto armado interno en Ecuador?

La criminalidad en Ecuador es una batalla cuesta arriba para el presidente Daniel Noboa. Aunque es una situación que evidentemente se salió de control en el gobierno de Guillermo Lasso, las últimas decisiones del nuevo jefe de Estado podrían estar incurriendo en un arma de doble filo.

Los hechos de violencia y de demostración de poder que se han registrado en las últimas horas son claramente una prueba de que la delincuencia organizada ha tomado una fuerza indiscutible como en México y Colombia. Frente a este complejo panorama, Noboa ha establecido dos importantes medidas para mantener el control del país que podría traer consecuencias ineludibles más adelante.

La grave situación de orden público se da en medio del control de las cárceles por parte de pandillas, secuestros de policías y bombardeos. Horas más tarde, el mundo fue testigo de la transmisión en vivo del secuestro de presentadores, periodistas y trabajadores del canal 10 TC televisión de Guayaquil, lo que sería un hecho sin precedentes.

El panorama es el siguiente: dentro de las cárceles de Ecuador, las pandillas se han aprovechado del débil control del Estado para expandir su poder. La violencia carcelaria se ha vuelto cada vez más común, provocando cientos de muertes en incidentes que las autoridades han atribuido a batallas entre bandas por el control de estos espacios.

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Las decisiones de Daniel Noboa en medio de la crisis en Ecuador

La noche de este lunes 8 de enero, frente a la toma de varias cárceles y la fuga de peligrosos delincuentes de la talla de alias Fito, el presidente declaró estado de emergencia en Ecuador por 60 días, permitiendo patrullas militares, incluso en las cárceles, y estableciendo un toque de queda nocturno en todo el país.

Adicionalmente, después del caos que se vivió en un canal de televisión en Guayaquil, el intento de toma de universidades, explosiones y saqueos en centros comerciales, Noboa emitió un decreto actualizado en el que reconoce un "conflicto armado interno" en Ecuador y donde identifica a varias bandas criminales como grupos terroristas: "Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones".

El decreto ordena a las fuerzas armadas neutralizar a estos grupos.

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Las consecuencias de los decretos de Daniel Noboa en Ecuador

De acuerdo con el abogado internacionalista Enrique Prieto-Rios, este estado de excepción busca restringir derechos básicos y le da poder total a la Fuerza Pública, donde las consecuencias se han hecho evidentes: han secuestrado policías, las prisiones se salieron de las manos, hay explosiones en las calles. Es una repuesta esperada.

Frente a la fuerza y la represión, un riesgo que se puede dar es el abuso de autoridad, donde podrían ser víctimas personas inocentes. 

De acuerdo con el analista internacional, Ecuador deja en evidencia cómo en América Latina se sigue la corriente de El Salvador. "El crimen organizado se está tomando los países y la única forma es básicamente cambiando la lógica".

Al cuestionar sobre la efectividad de estas estrategias, Prieto-Rios indicó que todo dependerá de la planeación, la fuerza operativa que tengan las autoridades, la capacidad de manejo de las prisiones, y una política social clave y unirse con otros países de la región para repensar la guerra contra las drogas.

Claramente con esta decisión, estos actores terroristas y bandas criminales, con la toma de civiles estarían violando unas causales claras del CIDH.

Prieto-Rios explicó que hay varios artículos que señalan "cuando se declara un conflicto interno no internacional, hay unas violaciones que luego pudieran ser investigadas por la justicia internacional".

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"Es un problema de Estado y no de los ciudadanos"

El general Patricio Carrillo, exministro del Interior de Ecuador, en entrevista con Teleamazonas, aseguró que la situación "es una respuesta a la declaración de guerra que ha venido manifestando el crimen organizado que ha entendido cómo funciona el Estado, cómo corromperlo y volverlo ineficiente a las instituciones".

"El Estado ecuatoriano no ha sido capaz de establecer un sistema de contrapeso para enfrentarlo. Este es un problema del Estado y no de los ciudadanos como lo han intentado hacer ver".

Ahora con el decreto, el presidente, más allá de tener el respaldo de los ecuatorianos, va a utilizar la fuerza que es necesaria para ejercer el control.

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