Tribunal Supremo de España investigará al rey emérito Juan Carlos

Desde 2018, la justicia investiga estos hechos ocurridos en 2011 pero el Tribunal Supremo es el único que puede indagar las acciones del monarca y solamente a partir de junio de 2014, cuando abdicó y perdió la inviolabilidad como jefe de Estado.

La Fiscalía del alto tribunal explicó que asume la causa porque Juan Carlos I, de 82 años y retirado en 2019 de la vida pública, es "una de las personas involucradas en los hechos investigados" y son necesarias "nuevas diligencias que afectan directamente" a su figura.

"Esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad", dijo en un comunicado.

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La causa se inició en septiembre de 2018 a raíz de las filtraciones de unas grabaciones a su examante, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, que aseguraba que Juan Carlos I había cobrado a través de una intermediaria iraní una comisión por la concesión del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina a un consorcio de empresas españolas.

"Se trataría de un posible delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales", había señalado entonces la Fiscalía.

En España se le atribuyó al rey un papel decisivo en la atribución en 2011 de ese contrato de 6.700 millones de euros al consorcio español para construir la línea ferroviaria en medio del desierto, finalmente inaugurada en 2018.

Reconocido durante décadas como figura clave de la transición democrática de España, el legado del monarca (1975-2014) se ve enturbiado en los últimos años por las sospechas de detentar una fortuna opaca, sobre todo derivada de sus lazos con las monarquías del Golfo.

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Recientemente aparecieron varias informaciones de prensa que llevaron a su hijo y heredero, Felipe VI, a retirarle la asignación de la Casa Real y que, según medios españoles, ascendía a más de 194.000 euros anuales.

El diario suizo Tribune de Gèneve publicó a principios de marzo que Juan Carlos recibió, en 2008, 100 millones de dólares del rey Abdalá de Arabia Saudita, en una cuenta en Suiza de una fundación panameña.

A mediados de ese mes, el británico The Daily Telegraph indicó que Felipe VI era también beneficiario de esa fundación. La Casa Real aseguró que el monarca pidió a Juan Carlos dejar sin efecto esa designación como beneficiario y renunció a cualquier herencia de su progenitor.