Tribunal español detuvo extradición a Colombia del empresario Carlos Mattos

El fin de los sobornos era salir beneficiado en un proceso judicial que Mattos mantuvo con la compañía coreana Hyundai, de la que fue representante.

La Audiencia Nacional española acordó en mayo extraditar al empresario, de 72 años y que se encuentra en libertad provisional en España, tras descartar una motivación política de las autoridades colombianas para reclamarlo, como había alegado Mattos.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional español decidió estudiar su caso al admitir el recurso de amparo presentado por la abogada que le representa, Cruz Sánchez de Lara, y suspender cautelarmente el auto de la Audiencia Nacional mientras se pronuncia sobre el fondo de la cuestión.

En una resolución del 29 de octubre el TC considera que existe "una especial trascendencia constitucional" en el caso de Mattos y aprecia la "urgencia excepcional" para suspender cautelarmente la extradición a petición de la defensa.

De lo contrario, explica el Constitucional, se "produciría un perjuicio de imposible o muy difícil reparación que haría perder su finalidad al recurso de amparo".

El caso

Se remonta a 2015, cuando la compañía Hyundai Motor Company decidió quitar a su empresa, Hyunday Colombia, la representación de la marca en el país, motivo por el que el empresario presentó una demanda, elaborada por un exmagistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema.

Dos meses después de acudir a los tribunales, el juez Reinaldo Huertas falló a favor de Mattos, por lo que se impidió a la multinacional la comercialización de sus vehículos con una compañía diferente a la del empresario.

La Fiscalía de Colombia lo acusa de sobornar a funcionarios judiciales e ingenieros, que supuestamente ayudaron a acelerar el curso de la demanda y lograr así que cayese en el despacho del juez Huertas. Los delitos que se le imputan equivaldrían en España a los de cohecho y daños informáticos.

La Audiencia española accedió a la entrega ante la concurrencia de los requisitos de doble incriminación -analogía de los delitos en ambos países- y mínimo punitivo por unos hechos por los que ya han sido juzgados varias personas en Colombia y quedan otras pendientes de juzgar.