Así reaccionaron las instituciones a nuestro informe sobre la dramática situación de los niños en Puerto Carreño

La Defensoría del Pueblo, entidad que había advertido de esta difícil situación de los niños indígenas Amorúa desde hace meses, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que atienda la situación. 

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Los pequeños junto a sus familias sobreviven al comer lo que encuentran en el vertedero de basura del municipio de Vichada. 

“Deben estar la oficina de asuntos indígenas del ministerio del Interior, el viceministerio de Vivienda correspondiente, así como el ministerio de Ambiente”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Negret.    

El funcionario añadió que los ministerios de Salud y Educación también deben hacer parte de la solución. 

“El plan de acción que tiene la Alcaldía debe cumplirse, debe llevarse a cabo porque está indignidad de las comunidades indígenas no puede seguir. Llegó el momento que los ministerios de Educación, Salud y Vivienda se hagan presentes en Carreño”.

Por su parte, la Procuraduría calificó la situación de indignante e inhumana.

La directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, dijo que a la zona se han enviado 1.5 toneladas de Bienestarina, entre otras medidas. 

“Ya estamos ahí, somos conscientes de esta situación, y queremos resaltar que está es una población pendular, binacional (…) que sepan que no están solos, que hay tres comedores comunitarios”.

Sin embargo, la funcionaria reconoció que los comedores no están dando abasto “por lo tanto el mensaje es a la comunidad internacional, porque este es un tema también de migración”.

Mientras que María Paula Martínez, directora ejecutiva de Save The Children Colombia, reclamó más presencia del Estado.

"Puerto Carreño no tiene presencia del Estado y desde siempre ha habido falta al acceso de servicios básico".

El director del Banco de Alimentos de Colombia, Juan Carlos Buitrago, hizo un llamado a los ciudadanos para que no desperdicien los alimentos y se comprometió con la crisis humanitaria que atraviesan los menores indígenas. 

Además, la Contraloría anunció que enviará una comisión a Puerto Carreño para verificar la situación de la comunidad y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ordenó a los funcionarios del ICBF visitar la zona. 

"La directora de Bienestar Familiar está camino para Vichada. Ella va a tomar medidas hoy mismo".

Imágenes logradas por un equipo periodístico de Noticias RCN dejan en evidencia la dolorosa escena.

Los pequeños, todos colombo-venezolanos, huyeron del vecino país por la crisis y viven en cambuches cerca al vertedero. Allí se alimentan con lo que encuentran, sin importar su estado.

Ahora se espera conocer las soluciones que recibirán los niños de la comunidad indígena Amorúa por parte de las autoridades.