Despertar doloroso | Por: Alejandro Eder

Por: Alejandro Eder

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El magnicidio de Álvaro Gómez es de los actos terroristas más dolorosos que ha sufrido la nación. Su asesinato se llevó a cabo en una época de nuestra historia donde desafortunadamente era común que asesinaran a líderes emblemáticos del país, políticos como el doctor Gómez y Luis Carlos Galán, y hasta líderes culturales como Jaime Garzón y Andrés Escobar.

Fue una época de terrible sufrimiento y Colombia se llenaba de terror cada vez que la mano sangrienta de los criminales intentaba doblegar al país arrebatándole la vida a alguien que parecía intocable.

La confesión reciente de los excomandantes de las Farc, asumiendo la responsabilidad de este magnicidio, levantó la cicatriz de las heridas que vivimos como nación hace 25 años.

Siento la obligación como alguien que participó en la salida negociada al conflicto con las Farc y que se ha metido al barro para construir la paz en Colombia. Siento, como quien cree profundamente en las instituciones de nuestro país, que debo presentar de nuevo algunas reflexiones:

1. El asesinato de Álvaro Gómez se perpetuó el 2 de noviembre de 1995, hace 25 años. No es aceptable que en nuestro país la justicia no funcione ni para esclarecer delitos atroces como este, ni para brindar justicia efectiva y eficaz a la ciudadanía como un derecho mínimo fundamental de nuestra democracia.
2. La Fiscalía General de la Nación declaró el magnicidio de Álvaro Gómez como un delito de Lesa Humanidad para que la investigación no prescriba.

Por lo tanto, no es conveniente que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asuma de manera pronta la competencia de este delito, hasta tanto se cuente con evidencia suficiente e incontrovertible acerca de la autoría material e intelectual de las Farc, para que la investigación de la Fiscalía pueda continuar. La mera confesión de las Farc es totalmente insuficiente. Así lo he planteado.

1. La JEP debe conseguir que el país crea en la jurisdicción especial como un mecanismo eficaz para juzgar a las Farc. Esta jurisdicción debe cuidarse de no convertirse en una puerta giratoria de delitos, donde quienes están acudiendo a ella confiesan actos que no cometieron a cambio de favores y reconocimientos públicos.

La JEP debe trabajar con la Fiscalía General de la Nación, ya que todo lo que se debata y se compruebe en la Fiscalía debe ser elemento de juicio para la JEP al momento de establecer si ese es el caso en esta ocasión. De serlo, quienes estén confesando delitos falsamente deben ser excluidos de la jurisdicción especial y procesados por la justicia ordinaria por todos sus delitos.

1. La Fiscalía tiene que meterle todo a esta investigación mientras mantenga la competencia. Es de suma importancia que Colombia vea que la justicia ordinaria es capaz de dar golpes certeros, aclarando los delitos emblemáticos del país.

Bienvenidas todas las verdades que puedan surgir gracias al trabajo de la JEP y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No-Repetición. Eso sí, ellas deben estar sustentadas con más que una mera confesión ahora instigada por una supuesta amenaza de desprestigio de parte de Iván Márquez a sus camaradas.

Si bien se aplaude innecesariamente el entusiasmo con que las Farc ha aceptado tardíamente este delito, a muchos nos genera dudas pues vemos a los mismos que hoy se atribuyen este magnicidio –como Carlos Lozada– negar vilmente reparar con la verdad a sus víctimas del reclutamiento de menores.

Confiemos en la JEP, apoyémosla para que nos brinde responsablemente el despertar doloroso de la verdad y la justicia que Colombia anhela.

*Exdirector de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Especialista en políticas de Seguridad Internacional y resolución de conflictos.