Del bolsillo del campesino a la mesa de los colombianos: el costo del rescate fiscal

Hay decisiones económicas que se toman desde los escritorios de Bogotá, pero cuyas consecuencias terminan sintiéndose en los cultivos, las fincas, las plazas de mercado y las mesas de millones de colombianos. La denominada Ley de Rescate Económico, radicada por el Gobierno como Proyecto de Ley 477 de 2026, abre precisamente una discusión que no podemos evadir: ¿quién terminará pagando el costo de recuperar las finanzas públicas?

Para los campesinos colombianos, el anuncio representa una preocupación adicional en medio de las dificultades que enfrenta el sector agropecuario. Para los trabajadores, la clase media y los hogares que viven de un salario, significa la posibilidad de destinar todavía más dinero a productos esenciales de su alimentación.

No se trata de desconocer la situación fiscal del país ni de negar la necesidad de tomar medidas para corregir los desequilibrios de las finanzas públicas. Colombia necesita ordenar sus cuentas, reducir el gasto innecesario, combatir la evasión y recuperar la confianza económica. Pero una cosa es sanear las finanzas y otra muy distinta es trasladarles la factura a quienes ya hacen enormes esfuerzos para sostener la economía nacional.

El campo: una despensa que necesita inversión, no más obstáculos
Basta con mirar departamentos como Boyacá, Cundinamarca y Casanare para entender lo que está en juego. Son territorios fundamentales para la seguridad alimentaria y el abastecimiento del país. Boyacá, con su producción de papa, cebolla, hortalizas y leche; Cundinamarca, con sus cultivos de papa, frutas, verduras y producción pecuaria; y Casanare, con su enorme potencial arrocero, ganadero y agroindustrial, representan una parte fundamental de la capacidad productiva que Colombia necesita fortalecer.

Las Evaluaciones Agropecuarias Municipales de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) registraron en 2024 más de 333.162 hectáreas cultivadas en Casanare, 271.311 en Cundinamarca y 153.627 en Boyacá. En conjunto, estos tres departamentos superaron las 758.000 hectáreas cultivadas. Casanare, además, registró un crecimiento del 8% en su área cultivada frente a 2023, mientras Cundinamarca creció un 2,3%. Boyacá, por su parte, experimentó una reducción del 2,3%. Detrás de estos indicadores, hay miles de familias que dependen directamente de la productividad del campo.

Sin embargo, el crecimiento de las áreas cultivadas no significa que los productores estén trabajando en condiciones favorables. Por el contrario, muchos enfrentan una ecuación cada vez más difícil: fertilizantes costosos, combustibles, mano de obra, transporte, maquinaria, dificultades de comercialización y precios que no siempre compensan las inversiones realizadas. La propuesta de reforma tributaria, porque hay que llamarla por su nombre, plantea cambios en el IVA de bienes y servicios fundamentales para el sector agropecuario, como; semillas, abonos, plaguicidas, maquinaria agrícola, sistemas de riego y almacenamiento. Algunos perderían sus beneficios tributarios, lo que podría elevar los costos de producción.

Colombia no necesita campesinos condenados a sobrevivir de cosecha en cosecha. Necesita crédito, tecnología, distritos de riego, vías terciarias, asistencia técnica, seguridad jurídica y mercados con precios justos. También requiere desarrollo agroindustrial que permita transformar las materias primas, generar valor agregado, crear empleo y fortalecer la producción nacional. El campo necesita condiciones para crecer, no nuevas cargas que terminen frenando su desarrollo.
Competir contra el mundo con las manos cada vez más atadas
Hay otra realidad que no podemos ignorar: el campesino colombiano no compite en un mercado cerrado. Compite con productos que llegan de otros países, en ocasiones con menores costos de producción, economías de escala, condiciones logísticas distintas y estructuras de apoyo estatal diferentes. El panorama preocupa aún más ante la posibilidad de nuevas cargas tributarias. Mientras producir en Colombia cuesta cada vez más, los agricultores deben competir con productos importados a menores precios.

En Casanare, detrás de cada cosecha hay familias, deudas e incertidumbre. Como me lo expresó Don Jacinto un pequeño productor de la región: “Todo sube: los fertilizantes, el combustible, el riego y la maquinaria, pero cuando vendemos el arroz no siempre recuperamos lo invertido. ¿Cómo vamos a competir si cada vez cuesta más producir?”.

Del productor a la mesa: el bolsillo de los colombianos también está en juego
La discusión no termina en las fincas; también llega a los hogares colombianos, donde millones de familias enfrentan diariamente gastos de arriendo, servicios públicos, transporte, educación y alimentación. La propuesta contempla que determinados alimentos que hoy tienen una tarifa diferencial de IVA del 5 % podrían pasar al 19 % a partir de 2028, si el proyecto se aprueba en esos términos.

Veámoslo en ejemplos: un paquete de pasta de $2.500 podría costar aproximadamente $2.833, y una libra de café de $20.000 llegaría a $22.667, suponiendo que el incremento del impuesto se traslade completamente al consumidor. Son $333 y $2.667 adicionales, respectivamente. Aunque el arroz para consumo humano conservaría su condición de excluido del IVA, preocupa el impacto sobre productos tan cotidianos como la pasta y el café.

El Gobierno propone devolver el IVA a los hogares más vulnerables. Sin embargo, más allá del anuncio, es fundamental garantizar su cobertura, facilidad de acceso y entrega oportuna. Una devolución que no llega a tiempo no resuelve el problema de quién debe pagar más por sus alimentos. Y hay otro sector que no puede quedar por fuera: la clase media. Millones de trabajadores que no están entre los más vulnerables tampoco tienen capacidad para absorber indefinidamente nuevos incrementos en sus gastos básicos.

El rescate fiscal no puede convertirse en un sacrificio social
La Ley de Rescate Económico necesita una discusión seria y responsable en el Congreso, que escuche a campesinos, productores, gremios, trabajadores y consumidores. No basta con calcular cuánto pretende recaudar el Gobierno; hay que evaluar quién asumirá sus costos y cómo afectará la producción, el empleo y el bolsillo de los colombianos.

También deben considerarse alternativas como reducir el gasto burocrático, combatir la evasión y mejorar la eficiencia del Estado, sin trasladar permanentemente la carga tributaria a los ciudadanos. Se necesita inversión, crédito, tecnología, vías rurales y desarrollo agroindustrial para transformar su producción, generar empleo y competir en mejores condiciones. Colombia no puede terminar importando lo que sus campesinos están en capacidad de producir. Los colombianos no aguantan más un impuesto. Sanear las finanzas públicas sí, pero sin sacrificar a quienes producen los alimentos ni a las familias que sostienen la economía con su trabajo diario.