El CNE en pandemia electoral: el caso de la iniciativa de la revocatoria del alcalde de Medellín

Por: Jose Fernando Torres

@josetorresf en Twitter

El país es nuevamente testigo de una actuación del Consejo Nacional Electoral, que deja mucho que desear. Me refiero a la decisión adoptada por el CNE de abstenerse de certificar los estados contables de la iniciativa de revocatoria del mandato del alcalde Medellín, que pretende matar esa iniciativa.

Lo primero es decir que con esta decisión, adoptada por mayoría de 7-2, el CNE echó por la borda el esfuerzo enorme que representó para un número importante de ciudadanos y para el Comité Promotor presentar una revocatoria de mandato, pues esta requiere el apoyo de un número de ciudadanos que estén en el censo electoral y represente no menos del treinta por ciento (30%) de los votos obtenidos por el elegido, es decir, en el caso, un mínimo de 91.211 firmas y las firmas recolectadas fueron 305.000, si bien no todas ellas fueron habilitadas por el CNE.

La decisión del CNE expresa que hubo:

(i) una vulneración del artículo 11 de la Ley 1757 de 2015, según el cual en los estados contables deben figurar los aportes que cada persona natural o jurídica realice durante la campaña respectiva. Dice el CNE que el Comité Promotor ha debido reportar todos los gastos a que contractualmente se comprometió con terceros, a pesar de que algunos de ellos solo se causaban una semana antes de la votación de la revocatoria o después, pero que solo reportó los gastos pagados a esos terceros a la fecha de rendición del informe de gastos, aun cuando no se habían causado. Esta diferencia asciende aproximadamente a 31 millones de pesos, más otro error que aduce el CNE, en cuantía de 4.400.000, es decir, un desfase total de algo más de 35 millones de pesos. El salvamento de voto del magistrado Pedro Felipe Gutiérrez concluye muy bien que solo había que reportar lo pagado y no lo que no se había causado, puesto que el saldo estaba condicionado a ciertos supuestos que no se dieron.

(ii) una violación del artículo 12 de la mencionada ley, relativo a las sumas máximas de dinero que se podrán destinar en la recolección de apoyos para la iniciativa de la revocatoria. En este caso el tope fijado por el CNE era de $23.639.255 y se superó en 24 millones de pesos, aproximadamente, dice el CNE. El salvamento de voto concluye a este respecto, con muy buenas razones, que no fue así, que no hubo tal violación.

Es difícil de entender cómo cifras tan pequeñas dan al traste con una iniciativa en la segunda ciudad más importante de Colombia y menos aún cuando la contadora contratada por el Comité Promotor dio muy claras explicaciones que demuestran que no hubo las mencionadas violaciones. El CNE, en lugar de fomentar la participación ciudadana y garantizar la participación democrática, escuchar explicaciones y mostrar disposición a la corrección de los errores contables que pudiere haber habido -si es que los hubo-, optó por

restringirla por razones muy controversiales, tanto que hubo un salvamento de voto muy convincente y una aclaración de voto que aún no conozco.

Es que los firmantes fueron más de la tercera parte de los votos con los que fue elegido el alcalde, superando con creces el umbral requerido. Cabe recordar que uno de los fines esenciales del Estado, establecido en la Constitución, es el de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.

Contra la decisión adoptada por el CNE no procede recurso alguno por la vía gubernativa, pero no puede descartarse que el Comité Promotor acuda a otras vías judiciales.

En cualquier caso, el daño a la iniciativa de revocatoria parece estar consolidado y no deja de ser censurable que el alcalde de Medellín se hubiera referido a esa iniciativa como producto de mafias y de fraude, cuando la resolución emanada del CNE nada dice al respecto y no existen bases que conozcamos para hacer semejantes afirmaciones. No es comprensible que se hagan acusaciones tan delicadas sin contar con las pruebas necesarias o sin interponer las denuncias penales que correspondan, si es que hubiere lugar a ellas, cosa que dudamos francamente. Un mínimo de responsabilidad se requiere en los funcionarios que ocupan cargos tan importantes.

Los formularios con la recolección de firmas fueron entregados al CNE el 10 de noviembre de 2021. El Registrador debía verificar los apoyos en los siguientes 45 días y al CNE le tomó más de cinco meses adoptar una decisión, plazo absurdamente extenso teniendo en cuenta que el Comité Promotor cuenta con seis meses para la recolección de firmas. Se necesitó que el Tribunal Superior de Medellín le ordenara certificar los estados contables o abstenerse de hacerlo en un plazo perentorio, decisión del Tribunal adoptada el 18 de marzo y reiterada, so pena de desacato, el 22 de abril de 2022.

El CNE es un organismo compuesto por 9 miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno mediante el sistema de cifra repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos. Si bien se exige que tengan las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es muy probable que, por su origen, en sus decisiones prevalezcan los intereses políticos y no el derecho. Ello no le conviene a la democracia.

Ese es, señores lectores, el organismo que constitucionalmente debe asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos, ejercer la inspección, vigilancia y control de la organización electoral, y velar por el desarrollo de los procesos electorales. Un organismo que, si no actúa correctamente, pone en peligro la democracia y las formas de participación democrática, como claramente se vio en la pasada elección para el Congreso de la República, en la que el sistema electoral quedó en entredicho y perdió credibilidad.

El Gobierno Nacional no puede seguir mostrándose pasivo ante las autoridades electorales so pretexto de que estas son independientes. Todos sabemos que la independencia entre las ramas del poder o entre los distintos órganos del Estado se hace valer en unos casos y en otros no. Por lo pronto el gobierno está agachando la cabeza y mucho.