Opiniónagosto 23, 2022hace un mes

El futuro del gas en Colombia

La discusión sobre la transición energética llegó para quedarse por un buen tiempo.

Daniela MercadoDaniela Mercado, abogada en regulación eléctrica e hidrocarburos. Foto: NoticiasRCN.com

Y lo que resulta interesante de este debate es que no existe una contraparte que se oponga a su ejecución. Concurren posiciones encontradas en el discurso, indudablemente, pero no sobre si Colombia debe transitar hacia al aprovechamiento de fuentes de energía con menor impacto ambiental, sino en torno a cómo debe ejecutarse. En este sentido, mientras algunos expertos conciben el cambio bajo un esquema a largo plazo, por otro lado se contrapone una postura que aboga por una transición acelerada, siendo esta última la que cobija la doctora Irene Vélez, nueva ministra de Minas y Energía.

Y es que desde su designación, la doctora Vélez ha reiterado sus ansias de apresurar la transición desprendiendo al país cuanto antes de la utilización de hidrocarburos como fuentes de energía, incluyendo el gas natural. Tal posición la ha expresado mediante dos declaraciones que han causado gran revuelo en el sector minero-energético: primero con su apoyo al proyecto de ley que busca declarar ilegal el fracking en Colombia y posteriormente asegurar que bajo su dirección, no se otorgarán más contratos de exploración. 

Ambos anuncios suponen para la Nación un riesgo no solo en términos fiscales, pues se estarían eliminando las actividades que representan el 40 % de nuestras exportaciones, sino que además crearía un riesgo directo a los hogares en Colombia si tenemos en cuenta que más del 85 % de ellos utilizan el gas como fuente de energía. Cambiar un ingreso para convertirlo en gasto no sería muy sensato, pues al no aumentar nuestras reservas de gas tendríamos que suplir la demanda interna con importaciones.  

Adicionalmente, cualquier política de transición energética debe contemplar que el país tiene reservas de gas probadas únicamente para los próximos siete años, periodo de tiempo en el que resulta imposible efectuar un cambio de tecnología en los hogares con fin de reemplazar el gas por fuentes alternativas. Por este motivo, existe la urgencia de que la nueva dirección del Ministerio de Minas y Energía determine de dónde nos abasteceremos para suplir las necesidades de consumo. Y no, Venezuela no es una opción prudente.

Aquellos que contemplamos la transición como un proceso a largo plazo, esperamos que al menos se tome en consideración la pertinencia de permitir el fracking en Colombia, una metodología que puede ser compatible con la protección del medio ambiente si se realiza bajo los estándares de buenas prácticas internacionales. De ahí la importancia de no generar más trabas a los pilotos que actualmente se adelantan en el municipio de Puerto Wilches, pues gracias a ellos se puede obtener evidencia para determinar si es posible llevar a cabo dichas actividades en nuestro país, lo que representaría un gran alivio para nuestra soberanía energética.

Basta con decir que en Europa ya hemos visto que una transición acelerada y proyectada al corto plazo no contribuye al medio ambiente y, por el contrario, sí afecta a la ciudadanía al poner en riesgo la estabilidad económica y fiscal de los países que tomen a la ligera la hoja de ruta hacia fuentes alternativas. Con ello, esperamos que las múltiples críticas a los anuncios dados por la ministra y su citación a debate de control político aprobada por la Comisión V de la Cámara de Representantes como consecuencia de la propuesta de no otorgar más contratos de explotación, retraiga las decisiones que buscan desprendernos del aprovechamiento del gas natural.

 

@danielamercadom
Abogada en regulación eléctrica e hidrocarburos.

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