De la paz total a la impunidad total

En Colombia se está volviendo costumbre capturar criminales y después ver cómo el mismo sistema les abre una puerta.

Hay una verdad incómoda y dolorosa que el país ya empezó a sentir en la calle y en los territorios: de nada sirve capturar delincuentes, desplegar operativos, militarizar zonas o vender golpes de autoridad, si al final el sistema termina suspendiendo órdenes de captura, blindando cabecillas con etiquetas políticas y mandando el mensaje de que en Colombia delinquir todavía puede salir rentable. Lo que está ocurriendo con alias Calarcá, con los jefes de bandas de Medellín y con el uso cada vez más elástico de la figura de gestores de paz no es un simple debate jurídico. Es una discusión de fondo sobre el tipo de Estado que estamos siendo: uno que protege a los ciudadanos o uno que negocia sus límites con quienes los han sometido por años.

La paz, por supuesto, exige instrumentos excepcionales. Nadie puede negar que un proceso de diálogo o de sometimiento necesita incentivos, canales y mecanismos jurídicos. Pero una cosa es crear herramientas para desmontar la violencia y otra muy distinta convertir esas herramientas en salvoconductos de facto para criminales que siguen delinquiendo mientras se sientan a hablar con el Estado. El caso de alias Calarcá lo demuestra: mientras ha estado cobijado por la suspensión de su orden de captura desde 2023, su estructura no se ha debilitado, sino que se ha fortalecido. Pasó de 1.400 hombres en armas en 2023 a cerca de 3.000 en 2026, un crecimiento del 111 %, con presencia en 10 departamentos y cerca de 100 municipios. Es decir, no estamos hablando de un actor contenido por una negociación, sino de una organización que se expandió en pleno proceso de diálogo. A eso se suma que la propia fiscal general pidió reactivar las órdenes de captura contra alias Calarcá no por un capricho político, sino porque lo vinculó con hechos gravísimos ocurridos mientras seguía protegido por esa suspensión: asesinatos, masacres, explosivos y ataques con minas antipersonales. Si aun con ese prontuario y con una estructura criminal fortalecida el Estado sigue dudando, el problema ya no es jurídico. Es moral, institucional y profundamente peligroso para la credibilidad de la justicia.

La situación de Medellín agrava todavía más la señal. La controversia no nació porque el país rechace cualquier salida negociada frente a estructuras criminales; nació porque la Fiscalía terminó reactivando 16 de 23 órdenes de captura al advertir errores de fondo, entre ellos algo elemental: no tenía sentido suspender órdenes a cabecillas que ya estaban privados de la libertad e incluso condenados. En otras palabras, se estaba distorsionando la lógica del sistema para acomodarla a una estrategia política mal diseñada. Cuando el Estado empieza a improvisar con figuras tan delicadas, no construye paz: debilita la confianza en la justicia.

Y ahí aparece una de las cosas más ofensivas de esta política: la degradación de la figura del gestor de paz hasta volverla, para muchos ciudadanos, un premio inmerecido para criminales peligrosos. Esto se siente como una burla en la cara de las víctimas, porque mientras miles de colombianos entierran familiares, viven extorsionados o sobreviven en barrios controlados por bandas, el Estado termina enviando el mensaje de que siempre habrá una fórmula para aliviarle la carga judicial al victimario. El caso de “El Mesa” lo demuestra: en Bogotá capturaban 23 integrantes de esa organización, incluidos 8 sicarios, y al mismo tiempo el Gobierno había nombrado gestor de paz a alias “El Montañero”, cabecilla de esa banda, además de levantarle la orden de captura. Es absurdo, indignante y demoledor para la credibilidad institucional. Porque si al jefe de una estructura criminal lo convierten en interlocutor mientras sus hombres siguen sembrando muerte, entonces la frontera entre paz e impunidad se vuelve una caricatura

Por eso es tan peligroso seguir justificando todo en nombre de la “paz”, como si esa palabra alcanzara para taparlo todo. No. Sin reglas claras, sin límites y sin consecuencias reales, eso no es paz: es desorden. Y en un país lleno de economías ilegales, el desorden siempre favorece al criminal. Lo que estamos viendo es un proceso sin control, donde se suspenden capturas sin claridad, se negocia sin condiciones firmes y se toman decisiones que parecen más improvisación que estrategia. El mensaje es gravísimo: al que delinque se le abren puertas, al que cumple la ley se le exige paciencia y a las víctimas se les pide que esperen, que confíen y que carguen con un proceso donde muchas veces la justicia no llega al mismo ritmo que su dolor. Cuando el Estado empieza a jugar con la ley, deja de imponer autoridad y empieza a perderla.

Además, esta discusión no ocurre en el vacío. Colombia arrastra una crisis estructural de impunidad que golpea con especial dureza a quienes menos protección tienen. La CIDH advirtió recientemente que en el país persisten altos niveles de impunidad, falta de control efectivo y complicidades que obstaculizan la lucha contra violencias y economías ilícitas. Si ese es el contexto real, entonces el Estado debería cerrar boquetes, no abrir nuevos. Debería fortalecer la justicia, no tensarla con beneficios ambiguos. Debería mandar un mensaje inequívoco de sanción, no uno de flexibilidad permanente frente a quienes han hecho carrera criminal.

Aquí está el punto que más indigna a la gente y que el poder a veces no quiere escuchar: cuando un policía o un soldado arriesga la vida para capturar a un delincuente, pero la arquitectura institucional termina favoreciendo suspensiones, dilaciones, blindajes o libertades absurdas, lo que se rompe no es solo un expediente. Se rompe la idea misma de justicia. La ciudadanía empieza a sentir que el esfuerzo del Estado vale poco, que la ley castiga al débil y negocia con el fuerte, y que el criminal siempre encuentra una rendija para reciclarse como interlocutor, vocero o supuesto gestor. Así es como la impunidad deja de ser un problema técnico y se convierte en un veneno social.

Colombia sí necesita hablar de paz, pero también necesita dejar de disfrazar la impunidad. No se puede llamar gestor de paz a quien sigue actuando como gestor del miedo. No se puede suspender la captura de quien sigue produciendo muerte. No se puede exigir confianza ciudadana mientras el Estado transmite la sensación de que siempre hay una categoría nueva para suavizarle el peso de la ley a los poderosos del crimen. La paz verdadera necesita verdad, sometimiento real, desarme efectivo, sanción, reparación y no repetición. Todo lo demás es un atajo. Y en Colombia ya conocemos demasiado bien el costo de los atajos: más impunidad, más cinismo y más ciudadanos abandonados a la idea de que la justicia solo funciona en los discursos.