Golpe blando

La senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, advirtió sobre la posibilidad de que se gestara un “golpe blando”. A esto se sumó la campaña de algunos gobernadores de publicar en sus redes sociales el escudo nacional con la divisa “libertad y orden” que, para adeptos al gobierno confirmó la advertencia de la senadora, pero para la oposición y el grupo de mandatarios locales, solo constituía un llamado a que Petro mesurara los gestos hacia las bandas criminales, cuya actividad ha estado causando estragos en la seguridad de varias zonas, en especial del Bajo Cauca antioqueño. 

¿Qué es un golpe blando?, ¿tiene sentido evocarlo en este momento?, ¿es posible que suceda un golpe de este tipo en contra de Petro? La coyuntura amerita abordar con serenidad cada interrogante. 

El golpe blando se refiere a la creación de condiciones para que, desde el establecimiento, bien sea medios de comunicación, Congreso o altas cortes se interrumpa el mandato de un gobierno de manera abrupta, e ilegítima, aunque revestida de aparente legalidad. 

La guerra jurídica o lawfare tan evocada en el último tiempo en los casos de Lula, Rafael Correa o Cristina Fernández completa el cuadro al apoyarse en alguno de esos poderes para dejar la sensación de que el mandatario es culpable, violándole principios del debido proceso y condenándolo bien sea a través de un juicio político, como en los casos de Fernando Lugo en 2012 o Dilma Rousseff en 2015, o de procesos judiciales que impiden su participación en política como resultó el caso de estos tres mandatarios, aunque en el del brasileño se terminó declarando nulo, precisamente por las graves faltas de la fiscalía y la justicia. 

El golpe blando, ha reemplazado las irrupciones militares que marcaron la historia latinoamericana en el siglo contra Jacobo Árbenz, Joao Goulart, Juan Bosch o Salvador Allende. A diferencia de estos, en que militares tomaban el poder y suspendían la separación de poderes entrando en un ciclo de vigilancia y recorte de libertades, los golpes blandos son mas difíciles de identificar. Suponen una alteración del orden constitucional, avalada la institucionalidad o establecimiento, con lo cual se terminan haciendo pasar por legales.    

Es poco probable que en Colombia se acumulen condiciones que hagan posible un golpe de este tipo. Primero, la independencia de la rama judicial se ha comprobado a lo largo de estas décadas, a pesar de los ataques de varios gobiernos e incluso las propuestas del uribismo de disolverlas para volver al sistema de una sola corte, alegando que, sobre todo la Corte Constitucional, tiende a sobrepasar sus funciones. 

Aunque el pionero de esta tesis haya sido Alfonso López Michelsen, el Centro Democrático la ha convertido en base de su plataforma programática en los últimos años, en especial cuando gobernó Uribe Vélez.  Segundo, la figura del juicio político en Colombia es más rígida y menos probable que en otros Estados de América Latina, donde su recurso ha sido constantemente evocado como en los casos de Brasil, y más recientemente en Ecuador -hay un proceso en curso- y Perú donde fue destituido Pedro Castillo. 

Basta observar las reacciones a la propuesta de Andrés Pastrana de llevar a Petro a juicio político, por el escandalo que afectó a su hijo Nicolás, pero que no tuvo ningún eco, pues constitucionalmente es poco viable. Y tercero, no habría consenso en la oposición para llevar a cabo una movida de ese tipo. Si bien las críticas contra Petro llegan de varios sectores, incluido el centro, es poco probable que todos converjan para un cambio abrupto del orden constitucional. Es más, el propio Uribe sería enemigo de una salida de ese tipo. El caos que hoy vive Perú y que durante los 90 y comienzos de siglo padeció Ecuador, parecen una señal de alerta suficientemente disuasiva. 

Ahora bien, no es del todo insólito denunciar una movida de ese tipo. Los sectores más radicales de la oposición invocan constantemente la idea de que Colombia avanza hacia una dictadura y aunque carezcan de fundamentos, la tesis va haciendo carrera a medida que se repite según la ecuación de Goebbels. 

A esto se suma la campaña de politización de la Fuerza Pública en la que irresponsablemente miembros del Congreso, le piden a militares y policías reaccionar frente a lo que consideran humillaciones por parte del gobierno. Desde que Iván Duque dejara en libertad de deliberar al general Eduardo Zapateiro -cuando Petro ya había sido elegido, pero no se había posesionado-, el Centro Democrático ha visto en la politización de militares, una estrategia para debilitar la legitimidad del gobierno a expensas de la democracia. 

Y, la utilización constante de imprecisiones o noticias falsas con el uso abusivo de etiquetas como “expropiación o estatización” y el recurso constante al pánico, hacen pensar en la voluntad de justificar en el corto plazo una acción como la que evoca Piedad Córdoba. Aunque esto sea posible con semejantes niveles de polarización, es poco probable. No parece haber cultura política, institucionalidad y menos aún, apoyo ciudadano para una aventura de ese tipo. Aun así, la voluntad de los sectores mas radicales parece apuntar en esa dirección, sin que segmentos distintos al progresismo lo denuncien con la vehemencia que semejante conducta merece.

Mauricio Jaramillo Jassir (profesor de la Universidad del Rosario)
@mauricio181212