A un año de la ley y a las puertas del tratado global: Colombia no se puede seguir ahogando en plásticos

Hace exactamente un año celebramos la entrada en vigor de la Ley 2232, un avance crucial para eliminar progresivamente los plásticos de un solo uso. Un paso necesario, urgente y largamente esperado. Cuatro meses después, en noviembre, el mundo se reunía en lo que se anunciaba como la “última” ronda de negociaciones del Tratado Global de Plásticos. Pero mientras los acuerdos se siguen aplazando, en las costas del Pacífico y el Caribe colombiano ya no cabe ni una bolsa más.

En las playas de Nuquí, Bahía Solano,o Galerazamba, los residuos plásticos no solo llegan con las olas: también se acumulan en la vida cotidiana de las comunidades. Redes fantasmas atrapadas en los manglares, microplásticos en los estómagos de los peces, botellas flotando entre las canoas, y niños y niñas jugando entre envoltorios que tardarán siglos en degradarse o terminaran convertidos en microplásticos. Es la postal silenciosa de una crisis que no se ve desde las salas de negociación, pero que se vive todos los días en los territorios.

Colombia produce cerca de 1,4 millones de toneladas de plásticos al año. De esa cifra, apenas el 25 % se recicla. El resto termina en rellenos sanitarios, ríos y mares, hasta llegar a nuestros cuerpos. Y aunque somos uno de los países más biodiversos del planeta, también somos uno de los más vulnerables a esta contaminación: más de 2.100 toneladas de microplásticos se fugan al mar Caribe, transportado por el Río Magdalena.

Sin embargo, hoy, a un año de la entrada en vigor de la Ley 2232 de 2022, que prohíbe productos plásticos de un solo uso como pitillos, bolsas, mezcladores, cubiertos y recipientes de icopor, las comunidades de nuestras costas siguen esperando que su realidad pese más que los intereses económicos. Es un paso importante, pero también frágil.

La falta de datos públicos y centralizados impide hacer seguimiento real a la gestión de residuos plásticos. Y mientras tanto, la manipulación de los precios del reciclaje agrava una crisis humana: la de las y los recicladores de oficio, quienes enfrentan condiciones precarias, competencia desleal y una afectación a su calidad de vida. La justicia ambiental exige también justicia social y laboral.

Una reciente encuesta realizada en el país reveló que el 88 % de las personas consultadas está preocupada por los impactos de los plásticos en los océanos. Y no es para menos: al año, cerca de 11 millones de toneladas de plásticos llegan a los ecosistemas marinos en el mundo. De seguir así, en 2050 podría haber más plásticos que peces en los océanos.

En las costas colombianas, los impactos de los plásticos no son sólo ecológicos: son una expresión de la desigualdad estructural. No hay sistemas de reciclaje y recolección de residuos funcionales, no hay acceso a alternativas sostenibles, y los costos de transición son desproporcionadamente altos para las comunidades locales. El Pacífico y Caribe colombiano no pueden seguir siendo el basurero invisible del país y el mundo. Lo que llega a sus costas no es solo consecuencia del consumo local, sino también del modelo global de producción, que pone en el mercado empaques innecesarios, dificulta el acceso a alternativas sostenibles y transfiere la responsabilidad a los consumidores sin exigir cambios estructurales a las industrias.

Aunque la ley nacional que prohíbe los plásticos de un solo uso es una herramienta crucial para eliminarlos progresivamente, su éxito está profundamente ligado a lo que se acuerde en el tratado global contra la contaminación por plásticos. Ambos procesos, el doméstico y el internacional, comparten un objetivo común: frenar la producción y el consumo de plásticos innecesarios y avanzar hacia modelos sostenibles.

La ley colombiana necesita estar respaldada por un acuerdo global vinculante que imponga estándares obligatorios a las industrias en el mundo, limite la producción descontrolada de plásticos y asegure una transición justa. Sin esa coherencia, se corre el riesgo de un doble estándar que debilite los avances locales frente a intereses globales.

El tratado global contra la contaminación por plásticos es una oportunidad histórica, pero su ambición debe estar a la altura de la emergencia. No basta con reciclar. No basta con limpiar. Hay que dejar de producir lo que no se puede manejar.

Frente a una crisis ambiental sin precedentes, desde Greenpeace Colombia exigimos la implementación transparente, urgente y justa de la Ley 2232, y un liderazgo real para lograr un tratado global ambicioso y vinculante. Es hora de poner fin a la era de los plásticos y proteger a las comunidades, los ecosistemas y nuestro futuro común.

Por:
Laura Caicedo
Coordinadora de Campañas para Greenpeace Colombia