La carta de Camila Zuluaga

La grave denuncia que hizo Camila Zuluaga sobre seguimientos intimidatorios muestra un riesgo serio que no puede ser minimizado. A su vez, constituye una advertencia para la democracia, no solo por los hechos ocurridos, sino por algunas de las reacciones que evidencian una tendencia cada vez más presente: 

La puesta en tela de juicio del testimonio de denunciantes, y como debería ser obvio – pero no lo es- su revictimización. La libertad de expresión, así como la garantía de informar y ser informado, principio elemental de la democracia está en juego. Si bien los derechos son interdependientes y relativos, preocupa la ligereza de las reacciones que no solo cuestionan la gravedad de los hechos, sino que ponen a circular la delirante y mezquina tesis de que las víctimas sacan provecho de las amenazas.   

Los hechos no son nuevos y cada vez más frecuentes como consecuencia de la polarización afectiva (ver mi columna del 26 de enero de 2023) en la que los mismos políticos se encargan de comprobar la teoría del “todo vale” con tal descalificar a su contradictor. En mayo del año pasado en plena campaña a la presidencia, Gustavo Petro denunció un plan para atentar contra su vida que lo obligó a cancelar una gira por el Eje Cafetero. María Fernanda Cabal dudó sobre la versión afirmando con saña que “Maduro también se inventaba los magnicidios”. Ni siquiera la amenaza contra la vida de un candidato fue capaz de despertar empatía o solidaridad. 

La carta de Zuluaga ha revivido una polémica acerca del papel de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), constituida por Gabriel García Márquez y Jaime Abello a mediados de los 90, promotora de la libertad de expresión y el acceso la información. Hacia ella se suelen dirigir las miradas cuando se perciben atentados contra la libertad de expresión o el acceso a una información fiable. 

Pocas veces la FLIP se refiere a casos de denuncias sobre desinformación por parte de los denominados medios hegemónicos. En redes es usual toparse con la opinión de centenares que advierten sobre un doble rasero y mientras se protege a ciertos periodistas, se toleran prácticas que van en contravía de la ética de la comunicación. 

Sin embargo, se debe entender el sentido, misión y propósito de la FLIP pues se le atribuyen tareas y funciones que distan de su naturaleza y alcance. Promueve una libertad de expresión como garantía en el Estado, es decir, puede hacer presión sobre los políticos que ejercen un poder real y constatable, mas no sobre la prensa que, sin dudas ostenta prerrogativas, pero sobre las cuales la FLIP no tiene capacidad de escrutinio. La exigencia para la rendición de cuentas de los medios le corresponde a la ciudadanía, quien puede y está en el deber de exigir una información que sea lo más objetiva posible. 

La FLIP no podría ser un tribunal que defina cuando una noticia está verificada o no, tampoco determinar si un comunicador descalifica a un político sin fundamento. Muchos se preguntan, si los medios son un contrapoder y vigilan la labor de los gobiernos entonces, ¿quién regula u observa a los medios? 

En las democracias la respuesta está en la autorregulación, que no solo proviene de la prensa, sino de la ciudadanía que debe exigir calidad en la información. Cualquier intento por implementar autoridades, leyes o sanciones penales, significa el riesgo de deslizar esos controles hacia prácticas autoritarias y una cultura de la autocensura.    

Petro se equivoca cuando esquiva el llamado angustiante de la periodista Camila Zuluaga justificado en el derecho a la defensa de su honra. La correlación de fuerzas entre un presidente y una comunicadora es abrumadoramente favorable al primero, lo cual no niega la existencia de medios con poder y dotados de una agenda o línea editorial política, muchas veces en contravía de la orientación ideológica de los gobiernos. 

Este escenario se repite en todas las democracias del mundo. Ahora bien, los medios no disponen de una libertad absoluta y tienen márgenes que desgraciadamente con alguna regularidad franquean. Para la muestra, la apología al odio reciente de la Revista Semana contra Francia Márquez, condenable desde todo punto de vista. Para infortunio, la ausencia de autocrítica de los propios medios tuvo mucho que ver en que no hubiese una rectificación de María Andrea Nieto. 

Sin embargo, no todos los casos corren la misma suerte. El 26 de mayo de 2023, El Espectador publicó una caricatura abiertamente racista y fue tal la indignación, que se retiró. El caso es aleccionador sobre el control que muchos piden a gritos sobre la prensa, y que no puede provenir del Estado pues supondría una puerta a la censura “desde arriba”.  Solamente una cultura democrática de quienes informan y son informados permitirá una libertad de expresión plena, requisito fundamental para el pluralismo y la democracia.

Profesor de la Universidad del Rosario
@mauricio181212