Cuando la contratación pública se distorsiona

La contratación pública es uno de los cimientos más delicados del Estado. Es el mecanismo a través del cual se ejecutan recursos, se materializan obras y se garantiza la eficiencia que exige la Constitución. Pero cuando se distorsiona, por direccionamiento, mala planeación o falta de publicidad, el daño no se reduce a lo económico: fractura la confianza ciudadana y abre la puerta a la corrupción estructural.

Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de Colombia. En el mundo existen fallos judiciales que muestran cómo una sola irregularidad en la fase de planeación puede desencadenar redes completas de corrupción. El ejemplo más contundente es Lava Jato – Odebrecht, el caso de contratación pública más grande y mejor documentado en la historia reciente.

En Lava Jato, los tribunales de Brasil, Perú y otros países demostraron un patrón peligroso:

• Requisitos técnicos hechos “a la medida” del contratista.
• Documentos de planeación incompletos o manipulados.
• Pliegos diseñados para restringir la competencia.
• Comités internos que omitieron advertencias.
• Procesos que avanzaron sin estudios previos.

El resultado: altos funcionarios condenados, empresas sancionadas globalmente y miles de millones perdidos. La lección es clara: cuando se vulneran la planeación, la transparencia o la publicidad, la corrupción deja de ser un riesgo y se convierte en una consecuencia inevitable.

Ese patrón, lamentablemente, hoy se repite en Cali.

El proceso de contratación del alumbrado público de Cali y el contrato 500-CCT-3176-2025 presentan las mismas señales tempranas que precedieron a los grandes escándalos internacionales. La Procuraduría General de la Nación ya había advertido y solicitado suspender el proceso, pero los funcionarios de EMCALI avanzaron como si las alertas no existieran.

Las anomalías son demasiado graves para ser ignoradas:

• Ausencia total de estudios técnicos obligatorios, incluido el Plan Maestro de Alumbrado Público.
• No publicación del proceso en SECOP II, una violación gravísima del principio de publicidad.
• Un contrato previo no recibido a satisfacción, pero usado como base para estructurar el nuevo proceso.
• Un Comité de Contratación que omitió su deber de control, pese a que la ley lo obliga a advertir y corregir.
• Requisitos que parecen hechos a la medida, típico indicio de direccionamiento contractual.

Estos patrones, documentados y denunciados ante la Procuraduría, configuran un escenario alarmante: un proceso sin planeación, sin publicidad, sin estudios y sin control institucional. Es el mismo libreto que, en otros países, resultó en condenas, escándalos y crisis institucionales.

¿Estamos a tiempo de evitar otro Lava Jato local?

Los hechos en EMCALI no son errores administrativos: son violaciones estructurales con impacto disciplinario y penal. La ciudadanía no puede permitir que un proceso tan sensible como el alumbrado público avance sobre documentos inexistentes y advertencias ignoradas.

Colombia ya ha visto lo que ocurre cuando se minimizan estas señales: la corrupción se consolida, las instituciones se debilitan y la sociedad paga las consecuencias.

Las alertas están encendidas.

Los paralelos internacionales son innegables.

Y los hechos en Cali repiten, punto por punto, el patrón de los peores escándalos mundiales.