El Derroche Verde: un error costoso, mentiroso e irracional (II)

En esta ocasión, tras estudiar aún más a fondo el documento, las declaraciones y acciones de exministras como Susana Muhamad, y escuchar con atención el discurso del presidente Petro, puedo concluir que esto no es más que una hoja de ruta para imponer un modelo socialista en nuestro país.

El ambientalismo en Colombia, como en el mundo, se ha convertido en el caballo de batalla para justificar la consolidación de una economía centralizada, planificada y dependiente de las decisiones del Estado, que, de paso, busca acabar por completo con el sector minero-energético bajo el discurso de un ambientalismo radical que, como denuncié en mi columna anterior, conduce a un comunismo “ambientalista”.

Por eso, las irrealizables y costosísimas metas que expuse en la primera parte son solo una faceta del problema. Como señalé, el gobierno pretende empeñar económicamente al país con un gasto de 76,5 billones de pesos (19.000 millones de USD), pero, además, se encargará de condenarnos a la pobreza al impedir el desarrollo.

De este plan de acción nacen y se formalizan, en parte, las resoluciones y políticas que generaron mucha polémica hace varios meses.

Señalo las más relevantes: la resolución que buscaba establecer los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá y las polémicas nuevas funciones de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), que permiten expedir resoluciones para las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Estas facultan al Ministerio de Agricultura para definir de manera arbitraria la vocación de la tierra y los cultivos, y, en caso de incumplimiento, autorizan la expropiación o la extinción de dominio.

En el caso de Bogotá, varios actores, incluido yo mismo y el alcalde Carlos Fernando Galán, advertimos que los lineamientos que la exministra Susana Muhamad intentó imponer de manera autoritaria e ilegal (como posteriormente confirmó un juez) habrían dejado a la capital sin 12 proyectos de infraestructura vitales y habrían afectado de igual manera a los departamentos de Cundinamarca y Meta, al restringir de forma agresiva actividades necesarias para el desarrollo económico, minero-energético, agropecuario y de infraestructura, entre otros.

De manera similar, en el caso de las APPA, el gobierno, también de forma autoritaria, buscaba imponer una planificación centralizada (al mejor estilo soviético), violentando la autonomía regional en el suroeste antioqueño. Gracias al gobernador Andrés Julián Rendón y varios alcaldes, se logró frenar, por ahora, el avance socialista que pretendía el gobierno, al demandar dichas medidas ante la Corte Constitucional.

Esto es sumamente preocupante, porque, como estipula el Plan de Acción para la Biodiversidad, este autoritarismo ambiental, en manos de conocidos radicales, podría extenderse a más de 19 millones de hectáreas en el país. Utilizando mecanismos como los mencionados o figuras como las Zonas de Reserva Campesina, personajes como Muhamad y Petro lograrían frenar proyectos estratégicos, inhabilitar zonas cruciales para el desarrollo y, como ya hemos visto, usar estas facultades como arma política para atacar a sus adversarios: mineras, petroleras, propietarios, entre otros. Todo esto, eso sí, bajo la fachada protectora, pero a la vez mentirosa, de que están “salvando el planeta”.

¡Mentiras! Lo que se busca es bastante claro, y es probable que pronto se expida una avalancha de resoluciones para poner en marcha este plan socialista, poniendo en riesgo la propiedad privada y el desarrollo económico, y logrando algo que parece ser un deporte en esta administración: ahuyentar la inversión.

Para que Colombia salga de la pobreza, necesita explotar de manera inteligente sus recursos naturales: fracking, explotación convencional, minería legal (la ilegal parece gozar de protección gubernamental), expansión agropecuaria y transformar el país de un infierno fiscal en un paraíso para hacer empresa. Es ahí donde encontraremos los recursos para un desarrollo integral que permita reducir la pobreza, que, como señalan varios expertos no fanáticos, es la mejor política ambiental.

De la crítica y la denuncia se debe pasar a la propuesta. En la tercera y última parte, hablaré de ello.