El injustificado abandono de los exmilitares colombianos en Haití

En julio de 2021 fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Tras un largo periodo de crisis y de una deriva autoritaria en la que el poder de mafias y pandillas se fue incrementando, ocurrió un suceso sin antecedentes en la historia contemporánea del país caribeño. Moïse resultó electo en 2015 pero el proceso tuvo que repetirse por las denuncias de fraude que señaló el candidato opositor Jude Celestin. En los nuevos comicios realizados en 2016, Moïse volvió a imponerse, pero sin despejar los rumores sobre graves irregularidades. De esta forma, gobernó Haití durante más de cinco años arrastrando una evidente carencia de legitimidad a la que se sumaban graves acusaciones en su contra por autoritarismo (en enero de 2020 disolvió el Congreso y se enfrentó a buena parte de la rama judicial) y por supuestamente haber acordado con las mafias el control de manifestantes en las calles en su contra. El presidente asesinado se habría apoyado en estas pandillas para intimidar a la oposición y mantener el control sobre las concurridas protestas que se acentuaron tras el cierre del legislativo. De hecho, una de las hipótesis de su asesinato apunta a un “ajuste de cuentas” con estas bandas. 

Se trata de un caos agravado por el poco interés de la comunidad internacional y en especial de los Estados de América Latina y del Caribe, que rara vez se asoman a la realidad haitiana, salvo en casos cuando se toca fondo como en el terremoto de 2010 o el reciente magnicidio de Moïse.  En este último evento resultaron implicados 21 militares colombianos en retiro que fueron expuestos frente a la prensa internacional como responsables. No es de extrañar que un Estado fallido en el que las instituciones se caracterizan por su debilidad o por confundir los intereses públicos con los del gobierno pasajero, a estos colombianos les hayan violado todo tipo de derechos. El grupo se encuentra alejado, sin la posibilidad de comunicación, ni acceso a servicios básicos como agua y alimentación. Las autoridades haitianas los han despojado de derechos procesales como dar su versión de los hechos o el acceso a las pruebas que se han recolectado en su contra. Tres militares fueron abatidos horas después del asesinato de Moïse por la policía haitiana y sus cuerpos no han sido repatriados. Solamente se sabe que fueron cremados en agosto de 2022. Los colombianos que aún permanecen en territorio haitiano sostienen que Duberney Capador Giraldo habría sido asesinado por la policía haitiana tras “ser torturado y con un tiro de gracia”.

En septiembre del año pasado, de forma sorpresiva, Gustavo Petro hizo una preocupante afirmación a través de su cuenta de Twitter: “Hoy le pedí perdón a Haití por el asesinato de su presidente cometido por mercenarios colombianos”. Se trata de una declaración que viola abiertamente la presunción de inocencia de los exmilitares en Haití y significa que, de alguna manera, la cancillería ha renunciado al deber constitucional de asistirlos. Esto recuerda las polémicas alrededor del caso de Andrés Felipe Ballesteros en Tanzania y a quien, de igual forma, la habrían violado principios del debido proceso y hubiese confesado bajo coacción y presión de la fiscalía de ese país. En ese caso, la cancillería colombiana de forma prudente trató de activar los canales consulares desde la embajada de Kenia en cabeza de Mónica de Greiff, en buena medida por la presión de los medios de comunicación (sobre todo del periodista Andrés Felipe Giraldo). 

Lo grave de estos casos no es solo que se violen los derechos de los colombianos en el exterior, sino que, en determinados casos, como el de los exmilitares en Haití, existe la sensación generalizada de culpabilidad. Cuando este tipo de situaciones ocurren, se suele pensar que, a la larga, quienes son víctimas “lo merecen”.       

El Estado colombiano tiene el deber indeclinable de velar por los derechos de sus ciudadanos en el exterior, sin presumir culpabilidad y tratando de utilizar los canales diplomáticos para que los acusados puedan tener, al menos, el derecho a la defensa. De la misma forma en que enérgica y justificadamente se defienden los derechos de Iván Velásquez frente a la persecución política de la que es objeto desde Guatemala, el gobierno debe velar por los derechos de los 18 militares que se encuentran en condiciones penosas en Haití, así como garantizar la repatriación de los cuerpos de los tres militares asesinados o dados de baja según la versión de Puerto Príncipe. No se comparan las dos situaciones de fondo, pues es claro que la primera es una persecución, mientras en la segunda se tiene poca certeza sobre las acusaciones y no se debe descartar, eso sí, su responsabilidad en los hechos. Solamente se pretende poner en evidencia la necesidad de defender los derechos de los colombianos, al margen de la cercanía ideológica con el gobierno.

@mauricio181212
Mauricio Jaramillo Jassir (Profesor de la Universidad del Rosario)