Cuando la “paz” deja de significar paz

Pero cuando ese concepto se usa para justificar políticas que no funcionan, que debilitan instituciones y que, sin querer o queriendo, terminan por vaciarlo de contenido, la paz deja de ser un propósito y se convierte en una trivialidad.

Desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, la ‘Paz Total’ se planteó como el eje central de su proyecto de país. La apuesta era ambiciosa: negociar simultáneamente con guerrillas como el ELN, disidencias de las FARC e incluso bandas criminales, bajo la premisa de que todos debían sentarse a la mesa para cerrar el conflicto. Sin embargo, tras varios años, los resultados son escasos. La violencia no ha desaparecido; se ha reconfigurado y expandido en regiones clave del país.

El problema no es la intención de alcanzar la paz, que es legítima, sino la forma en que se ha ejecutado. Negociar con estructuras que conservan dinámicas criminales y control territorial, sin una estrategia jurídica clara ni reglas definidas, ha generado más incertidumbre que soluciones. En zonas como el Catatumbo, Arauca o el Cauca, los efectos son evidentes: desplazamientos forzados, confinamientos y disputas armadas por economías ilícitas.

Esta retórica también se trasladó al plano social con los decretos de nombramientos de ‘Gestores de Paz’ y el programa ‘Jóvenes en Paz’. En el primer caso, una figura que debía servir como puente comunitario terminó siendo aplicada de manera tan laxa que incluyó, según denunció a este noticiero el concejal Julián Uscátegui, a más de 80 guerrilleros de las disidencias de las FARC y el ELN, generando rechazo entre víctimas y organizaciones sociales. En cuanto a ‘Jóvenes en Paz’, concebido como una alternativa para alejar a los jóvenes de la violencia, ha estado marcado por problemas administrativos, retrasos y falta de control sobre los recursos.

En Noticias RCN revelamos, vía derecho de petición que interpuso el concejal Andrés Barrios, que el programa ha entregado más de $344 mil millones sin verificar si los beneficiarios cometen delitos. Además, 7.570 menores de edad, entre 14 y 17 años, recibieron cerca de $50 mil millones, con pagos de hasta $1 millón mensual, sin que exista una medición clara de riesgo, impacto o permanencia.

A esto se suma el Fondo Colombia en Paz, encargado de administrar recursos para la implementación del Acuerdo de 2016 y otros programas sociales. Pese a contar con billonarios presupuestos, la ejecución real ha sido mínima, lo que abre serios interrogantes sobre transparencia, eficiencia y coherencia entre el discurso de paz y la realidad.

La desconexión entre palabra y acción también golpea a la institucionalidad. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ya profirió sus primeras sentencias, no cuenta con los recursos suficientes para ejecutar las sanciones restaurativas ordenadas. La falta de financiamiento pone en riesgo la justicia transicional y envía un mensaje contradictorio sobre el compromiso real del Estado con la verdad y la reparación. Y aquí cito lo que hace unos días me dijo una alta fuente de la Contraloría que prepara un informe con escandalosos hallazgos: “condenas de papel”.

Es en este punto donde la palabra “paz” deja de ser una meta y se convierte en una herramienta retórica. Cuando se usa para saltarse procesos, presionar a las Altas Cortes, desdibujar la separación de poderes o maquillar cifras, la paz se trivializa y la ciudadanía pierde confianza en la política y en las instituciones.

¿Dónde está entonces el camino hacia una paz verdadera? No en repetir consignas, sino en escuchar a los jóvenes, a las comunidades, a las víctimas y a quienes reclaman oportunidades reales, justicia y participación. Hablo por los jóvenes quienes no necesitan slogans; necesitan educación de calidad, empleo digno y futuro.

Esa misma lógica debería aplicarse en el plano internacional. La reciente llamada entre el presidente Petro y Donald Trump dejó claro que, así como en el conflicto interno, en las relaciones diplomáticas es urgente desescalar el lenguaje y recomponer confianzas. No puede haber paz, ni interna ni externa, construida desde la confrontación permanente.

Si el gobierno apuesta de verdad por la paz, debe empezar por devolverle sentido a esa palabra: traducirla en acciones claras, transparentes, respetuosas de las instituciones y con resultados concretos para quienes más han sufrido. Porque la paz no es un concepto para repetir; es un compromiso para cumplir.