¿Qué busca el ELN?

El ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que fueron asesinados siete soldados y dos suboficiales, constituye un golpe a la credibilidad del proceso de paz. Además, pone al gobierno en la obligación de anteponer como condición un cese al fuego y el avance sustancial en la mal llamada “humanización del conflicto”. 

Este tipo de ataques son usuales en procesos de paz y en el caso del ELN, se debe a la voluntad de mostrar que no está derrotada y que goza de plena salud táctica y operacional. Se trata de una anacrónica y torpe estrategia para llegar con una ventaja a la mesa de negociación.

En abril de 2015, en Buenos Aires, Cauca, en pleno proceso de negociación con las Farc en La Habana, esa guerrilla emboscó a varios miembros del Ejército, asesinando a 11 y dejando casi una veintena de heridos. Aunque varias voces le pidieron al entonces gobierno de Juan Manuel Santos suspender la negociación, insistió en que precisamente para evitar estas muertes trágicas, se debía avanzar en el desmonte de la guerra. Eso sí, poco más de un mes después, ordenó un bombardeo en el suroeste del mismo departamento, donde fueron abatidos 24 guerrilleros. La retaliación fue clara, pues la lógica de la obtención de ventajas en la guerra que se trasladan a la mesa de negociación es válida para ambas partes. 

Sin embargo, y aunque el antecedente sea en algo aleccionador, el panorama con el ELN parece más turbio. A diferencia del proceso anterior en el que se señaló la participación política, la reforma de tierras, la reformulación de la lucha contra las drogas y la reivindicación de los derechos de las víctimas como columna vertebral del diálogo, en el actual no hay una agenda -al menos no pública-.

Si bien el gobierno ha mostrado premura por definirla y avanzar en mínimos humanitarios que incluyan un cese bilateral al fuego, la guerrilla se ha mostrado escéptica. Antonio García ha aclarado que las ambiciones del ELN no consisten en la participación política con posterioridad a la dejación de armas, como ocurrió con las FARC, sino que pretenden un cambio en el modelo económico y político para que las regiones tengan incidencia y haya una participación popular real. Pablo Catatumbo ha asegurado que "estas mesas no se pueden ver como un trueque de favores […] algunos nos dicen que cuántas curules queremos, pero no las estamos necesitando".

Dicho de otro modo, esa guerrilla no considera que el proceso de paz con las Farc, que buena parte de la sociedad ve como modelo, sea ejemplar. Las declaraciones dejan en evidencia expectativas de cambios estructurales que sobrepasan la capacidad de un gobierno en términos de tiempos y medios, pues cubren otras ramas del poder público y no se pueden realizar en cuatro años. 

El gobierno, al que varios sectores le piden pararse de la mesa, no puede permitirse semejante reacción. Eso sí, como lo ha sugerido el jefe del equipo negociador, Otty Patiño, debería anteponer condiciones mínimas humanitarias para continuar con el proceso, entre las cuales se contemple un “desescalamiento”, tal como se pactó con las Farc tras el ataque mencionado en el departamento del Cauca. 

Las dificultades observadas en la negociación ponen de manifiesto que no es cierto que para un gobierno progresista sea más fácil negociar con una guerrilla por afinidades ideológicas, cada vez más minúsculas y que se limitan a las causas objetivas de la violencia, mientras que las diferencias se convierten en abismales. Es bueno recordar que la lucha armada hizo inviable a la izquierda democrática durante varias décadas, pues terminó asumiendo una especie de “voto castigo” por los vejámenes perpetrados por estos grupos.

Aun así, esta administración se debe a la promesa de “paz total” y sin el proceso con el ELN quedaría herida de muerte. El gran desafío consiste en no abandonar la defensa por privilegiar la paz. Aunque esta administración sea coherente en que primero se negocie la paz para que luego haya seguridad, el curso de los hechos parece imponer la necesidad de una estrategia de materia de defensa que aún no es clara en buena medida por carencia de liderazgo en esa cartera.

Petro optó por Iván Velásquez confiando en su trayectoria al servicio de los derechos humanos y la transparencia, virtudes ideales en el tránsito de una doctrina de seguridad exclusivamente contrainsurgente a una “humana o integral”. Sin embargo, las lógicas arbitrarias del conflicto armado dejan mal parado al actual ministro, que deberá responder por el orden público, mientras avanzan los múltiples procesos de negociación con la guerrilla, las disidencias de las Farc y las bandas criminales. 

Petro no tiene la ventaja de la que disponía Santos, quien tuvo ocho años por la posibilidad de relección. Por eso deberá buscar con urgencia acuerdos parciales – a diferencia del esquema con las Farc en que nada estaba acordado, hasta que el conjunto de puntos se pactara- para que en tres años y tal como ocurrió en 2014, la ciudadanía vote y corrobore su voluntad de paz en las urnas, pero con avances sustanciales. 

Profesor de la Universidad del Rosario
@mauricio181212