Exalcalde y otros funcionarios de Tuluá fueron enviados a la cárcel por presunta corrupción

Se trata de John Jairo Gómez, quien fue alcalde desde 2019 hasta 2023. Junto a él, fueron puestos en prisión otros funcionarios y un contratista.


Exalcalde y otros funcionarios de Tuluá fueron enviados a la cárcel por presunta corrupción
Foto: Alcaldía de Tuluá

Noticias RCN

marzo 06 de 2024
07:30 p. m.
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La Fiscalía judicializó al exalcalde de Tuluá y a tres secretarios municipales por presunta corrupción.

Después de llevar a cabo varias pesquisas, el ente acusador obtuvo bastantes pruebas que incriminarían presuntamente a John Jairo Gómez por la celebración de contratos durante su administración de la Alcaldía de Tuluá entre 2019 y 2023.

La Fiscalía presentó ante control de garantías al exalcalde, junto a los exsecretarios de Gobierno, coronel (r) Jorge Alexander Gallego y John Fredy López; a la exsecretaria de Hacienda, Eliana Andrea Bedoya y al contratista Javier Harrison Amaya.

El contratista figuraría como el ahijado del exalcalde

Según el material probatorio de la entidad, los exfuncionarios en cuestión habrían "concertado y aprovechando sus cargos para orientar sin cumplimiento de las normas vigentes, contratos relacionados a la compra de bienes y servicios (como capacitaciones y alimentación de la fuerza pública)".

La investigación también logró conocer que, presuntamente 25 contratos fueron entregados al contratista Amaya, quien figura como ahijado del exalcalde. 

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Medida de aseguramiento para exfuncionarios

En adición, los dineros desembolsados habrían tenido como propósito hacer parte de los ingresos de la campaña de Gallego para la misma entidad como el reemplazo de Gómez.

"De igual manera, se acreditó que los hoy procesados habrían dispuesto de bienes de la alcaldía para realizar actos de proselitismo, y permitido que los funcionarios participaran en las concentraciones políticas del oficial en retiro", explicó la Fiscalía.

Con todo esto en cuenta, la Seccional Valle del Cauca, junto al apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, imputaron a los exfuncionarios y contratistas, quienes no aceptaron los cargos pero tendrán que cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad.

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