Alerta en la Rama Judicial: funcionamiento de la justicia en peligro por recorte presupuestal
El recorte presupuestal de más de cuatro billones tendría serias afectaciones en el funcionamiento de la justicia en 2026.
Noticias RCN
07:41 a. m.
La Rama Judicial se enfrenta a un significativo recorte presupuestal para 2026, generando profunda preocupación entre jueces y magistrados.
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El Presupuesto General de la Nación, aprobado hace poco por el Congreso, tiene una reducción de 4.4 billones de pesos respecto a lo solicitado inicialmente, lo que podría tener graves consecuencias para la administración de justicia.
Considerable recorte presupuestal: promesa incumplida
En un principio, la Rama Judicial le había solicitado al Gobierno un presupuesto de 16 billones de pesos para su funcionamiento. Si bien se prometieron $11.6 billones, al final fue aprobada una cifra considerablemente menor. De la promesa, se recortaron otros 695 mil millones de pesos.
Este recorte no solo afecta la creación de nuevos juzgados en zonas rurales, sino también el funcionamiento de los tribunales existentes.
Los presidentes de las altas cortes no ocultaron su preocupación, por lo que están adelantando mesas de trabajo en aras de encontrar soluciones.
¿Qué aspectos estarían comprometidos?
Por causa del recorte, entre los proyectos que podrían verse afectados se encuentra la creación de 100 juzgados laborales municipales, fundamentales para resolver conflictos entre trabajadores y demandas de solicitudes de pensión. Además, se vería comprometida la ampliación de la planta en las altas cortes y juzgados, así como la modernización de infraestructura con su respectivo mantenimiento.
El impacto de este recorte se extiende más allá de las grandes ciudades, afectando principalmente a los tribunales en zonas rurales. Esto significa que personas que ya deben realizar largas caminatas para presentar una denuncia podrían enfrentar aún más obstáculos para acceder a la justicia.
La reducción presupuestal podría comprometer desde el pago de servicios básicos hasta la ejecución de sentencias, lo que podría incrementar la sensación de impunidad en el país.
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