Así funcionaba la red que desfalcó el servicio de salud de las Fuerzas Militares

La red que durante cinco años había desfalcado al Ejército Nacional funcionaba en Bogotá, Neiva y Medellín. 

La estructura de la organización delictiva estaba liderada por sargentos retirados. En Bogotá, por Julio César Zapata; en Medellín, por César Alberto Posada Osorio, y en Neiva el jefe era el sargento viceprimero Roberto Muñoz.

Estas tres personas controlaban la defraudación desde el momento en que se contactaba a los posibles clientes. Quienes hacían esa primera asesoría en Bogotá eran el sargento segundo Óscar Camacho y el soldado Gentil Mensa, ambos retirados.

Los oficiales y suboficiales que aceptaban participar debían pagar dos millones de pesos para comenzar el proceso.

Y ahí entraban los grupos de especialistas: psiquiatras, dermatólogos, fonoaudiólogos, ortopedistas, optómetras y traumatólogos que expedían certificaciones falsas. A partir de ahí el trabajo era para los oficiales de alto rango, dos coroneles y un mayor que avalaban la historia clínica para mostrar un antecedente patológico falso y lograr una mayor calificación en la junta médico-laboral que aumentaba el valor de la indemnización.

Otro grupo de militares era el encargado de los trámites. Uno conseguía las hojas de conceptos médicos, otro los escaneaba, y otros más agilizaban las citas y los pagos de nómina.

Una vez culminaba el trámite los clientes debían pagar 20 millones de pesos, y cuando salía la indemnización, el pago era del 40 por ciento del monto total.

Fueron capturados 13 clientes y se investiga a 200 más que podrían haber recibido sus pensiones o indemnizaciones de manera fraudulenta. La Fiscalía también tiene identificadas a 13 personas que están reclamando porque aún no han obtenido los beneficios por los que pagaron.

Se calcula que la red habría robado cerca de 20.000 millones de pesos por concepto de indemnizaciones y 4.000 millones de pesos más por concepto de pensiones.

La Fiscalía imputará a los 35 capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.