Política Nacional de Drogas será financiada con dineros del narcotráfico: lo que se sabe

Este 19 de diciembre se conoció una resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes con la que se define que la Política Nacional de Drogas será financiada con dineros del narcotráfico, es decir, de bienes incautados a criminales que se dediquen a dicha actividad ilícita.

Así las cosas, a través de la resolución 0003 del 14 de diciembre de 2023 “se aprueba el presupuesto del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).

Según el Consejo Nacional de Estupefacientes, esta resolución redefine la asignación de recursos procedentes del narcotráfico, y tiene como objetivo “robustecer” la Política Nacional de Drogas del gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro, cuyo propósito es impulsar el desarrollo rural en áreas dedicadas a la producción de coca.

“La resolución detalla una asignación presupuestal de $215.335 millones para el próximo año, distribuyendo fondos específicos a diversas entidades”: se subdivide así:

• $85.640 millones al Ministerio de Agricultura 
• $44.350 millones al Ministerio de Defensa 
• $30.393 millones al Ministerio de Justicia
• $24.391 millones al Ministerio de Salud 
• $22.847 millones a la Policía Nacional 
• $7.734 millones al Ministerio del Interior

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¿Cómo se dividirán los dineros para la Política Nacional de Drogas?

“El 69% de esos $215.335 millones provenientes de bienes incautados al narcotráfico se destinarán al componente ‘oxígeno’ de la Política Nacional de Drogas. El restante 31% irá al componente “asfixia”, detalló el Consejo Nacional de Estupefacientes.

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Además, detalló que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural recibiría la mayor parte de los recursos, siendo la primera vez que le asignan dineros provenientes de Frisco. Explicaron que provienen “de ventas, alquileres y administración de bienes en extinción de dominio”.

“El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó la reasignación presupuestaria con el respaldo de ocho de sus nueve miembros. Emitieron votos a favor: la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La Procuraduría optó por la abstención”.