Atención: presidente Petro sancionó ley 418 de 'paz total'

Este 4 de noviembre, tras su aprobación en el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley 418, con la que se pondría en marcha el proceso de 'paz total' con las guerrillas y grupos armados del país.

Luego de una conciliación en Senado y Cámara de Representantes, el proyecto de ley conocido como 'paz total' fue enviado a sanción presidencial, con lo que se faculta al jefe de Estado para iniciar las negociaciones con algunos grupos ilegales.

Con esta ley también se crearían las zonas de ubicación temporal para el agrupamiento de miembros de estas organizaciones, a quienes se les podría levantar las órdenes de captura en su contra.

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Sin embargo, uno de los puntos más polémicos de este proyecto es el que abre la puerta a negociaciones con desertores del proceso de paz con las Farc, como alias Iván Márquez, para que puedan volver a ser parte de un acuerdo.

En la iniciativa también quedó incluido el servicio social para la paz, como una alternativa al servicio militar obligatorio, que permite la creación del gabinete para la paz conformado por ministerios y otras entidades del Gobierno.

¿Cómo funcionará la 'paz total'?

La ley de 'paz total' permitirá al Gobierno Nacional utilizar dos tipos de mecanismos para acercarse a los grupos armados al margen de la ley que buscan firmar la paz con el Estado: negociaciones de paz y acercamientos para el diálogo.

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Estas figuras incluyen a los integrantes de los grupos armados activos, así como a los antiguos miembros de organizaciones desmovilizadas, como las disidencias de las Farc, "mediante acuerdos pactados con el Estado colombiano que contribuyan a su desmantelamiento".

Cabe resaltar que para dar inicio a las negociaciones, deberá crearse una instancia especial coordinada por el alto comisionado para la Paz y el Ministerio de Defensa, donde se pueda tipificar y clasificar a las estructuras armadas, así como analizar la viabilidad de los procesos de sometimiento de estas.

Adicionalmente, el punto de la entrega voluntaria de armas señala que no habrá responsabilidad penal por la comisión de conductas cuando una persona o grupo armado ilegal entregue voluntariamente su armamento.

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Este programa garantizará tres aspectos: el anonimato, la ausencia de responsabilidad penal e incentivos económicos.