Aumenta el número de personas fallecidas por incendio en la cárcel de Tuluá
Ya son 54 las víctimas mortales que deja el incendio. Un hombre de 38 años que estaba siendo atendido en Cali, falleció en la madrugada del lunes 4 de julio.
Noticias RCN
11:57 a. m.
Sin importar los esfuerzos del personal médico, falleció en la madrugada del pasado lunes 4 de julio, un hombre de 38 años, identificado como Andrés Rojas Corredor, que había sido anteriormente trasladado a Cali por motivo de las graves lesiones que presentaba en el 50% de su cuerpo, producto del fuego generado en las instalaciones de la cárcel en la que se encontraba interno.
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La información fue entregada por la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes. El hombre estaba siendo atendido en la Clínica de los Remedios.
“Fallece un tercer recluso de la cárcel de Tuluá que estaba hospitalizado en la Clínica de los Remedios, Jorge Andrés Rojas Corredor de 38 años, de las 27 personas que recibimos, cuatro han sido dados de alta y tres fallecieron”, señaló la funcionaria a Caracol Radio.
¿Qué pasó con las otras víctimas?
Hasta el momento, se conoce que 54 personas murieron en la cárcel, tres mientras eran atendidos por personal médico, 10 personas están en cuidados intensivos y su pronóstico es reservado. Otras cuatro permanecen en la unidad de quemados, seis más están hospitalizadas, y cuatro han sido dadas de alta.
El pasado sábado, 2 de julio, se dio a conocer la muerte de Jhonatan Sabogal, interno del pabellón ocho de la cárcel de Tuluá, quien presuntamente habría pertenecido a la Primera Línea, durante las jornadas de protestas del paro que se presentó en 2021, en Cali.
Las autoridades aún investigan que produjo el incendio al interior del penal. Las primeras hipótesis indicarían que una pelea provocada por un acto de intolerancia fue el detonante del incidente, que inició sobre la 1:48 de la madrugada. Las cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en el que se prendió el fuego.
Por su parte, la Procuraduría adelanta una investigación para determinar si hay alguna responsabilidad en los funcionarios públicos que se encargan del centro penitenciario.