Candidatos al Congreso reaccionan a los 164.000 contratos que se firmaron antes de que iniciara la Ley de Garantías

Un informe reciente de la Contraloría General de la República reveló que, previo a que iniciara la ‘Ley de Garantías’ el 31 de enero, se firmaron 164.000 contratos en entidades del Estado.

Al respecto, opinaron en la Mesa Ancha Electoral de Noticias RCN Laura ‘Lalis’ Beltrán, candidata a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico; Julio Nava, candidato a la Cámara por el Valle del Centro Democrático, y Carol Borda, candidata a la Cámara por Bogotá del movimiento de Salvación Nacional, de Abelardo de la Espriella.

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¿Qué dicen los candidatos sobre la firma de contratos antes de la Ley de Garantías?

Precisamente, Borda cuestionó la firma masiva de contratos en enero, en medio de dos declaratorias de emergencia económica, argumentando que la razón de ser de la Ley de Garantías es la neutralidad electoral, para evitar el clientelismo:

“No puedo dejar de pensar en el despilfarro de estos 14 billones, con las necesidades que enfrenta el país por la emergencia en Córdoba. La necesidad que argumenta el presidente de una emergencia económica tiene condiciones de imprevisibilidad, pero la Anla, dirigida por Irene Vélez, ya había anunciado que iba a suceder”.

Nava sugirió que “el tema es electoral, puntualmente, tener el aparato burocrático al servicio de las próximas elecciones. Es evidente lo que hace el presidente Petro, todo esto que aprenden en Cuba con el posmarxismo, de subir el salario mínimo, endulzar a la población para hacerles creer que estamos bien, pero, por otro lado, están decretando emergencias económicas”.

Sin embargo, ‘Lalis’ advirtió que “decir que es clientelismo, desde ya, es una visión política, mas no técnica”. En sus palabras, el Gobierno Petro ha crecido por su apuesta en los territorios, “los olvidados, que no están presentes para algunos porque hacen parte de una población que desconocen o no tienen como prioridad, pero, genuinamente, desde el Gobierno lo que hemos hecho es priorizar esos departamentos y zonas que necesitan atención”.

E hizo un llamado, entendiendo que “la Ley de garantías se da como un proceso de transparencia para que no se use electoralmente, pero hay un complemento de la Ley 996: si no, que la Contraloría evalúe si los objetos contractuales o el aparato institucional cometió alguna irregularidad”.

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Contrataciones del Estado previo a la Ley de Garantías le costaron casi el doble que en 2022 al país:

El informe de la Contraloría revela que, en 2022, previo a que entrara en vigor la Ley de Garantías, fueron firmados 107.000 contratos por un valor de 8,4 billones de pesos. Y, en 2026, fueron 164.000 por un valor de 14,8 billones.

Según ‘Lalis’, “la comparación es compleja porque el Estado ha crecido entre 2022 y 2026, frente a la caracterización que se hizo de destinación de recursos a las zonas que, reitero, han sido importantes para nosotros en términos de reivindicación de dignidades y derechos”.

Pero Borda recordó que “la Contraloría ya ha manifestado que hay ciertas irregularidades que va a entrar a investigar, pero la MOE, que también es una entidad que busca garantizar la transparencia en estas elecciones, dijo que es evidente que el resto de candidatos estamos jugando en desventaja porque los que tienen la chequera del Gobierno están repartiendo a diestra y siniestra un Estado que, históricamente, ha sido ineficiente. El clientelismo es una práctica antigua con la que se venden puestos por votos”.