"No estaba en mis cuentas": MinTrabajo admitió sorpresa tras suspensión del decreto del salario mínimo
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reveló que el presidente ya temía la decisión.
Valentina Bernal
08:55 a. m.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo, una decisión que impacta de lleno una de las principales apuestas económicas del Gobierno.
La medida deja en pausa el decreto que fijaba el Salario Mínimo Vital, mientras el alto tribunal estudia de fondo su legalidad.
La determinación generó reacciones inmediatas en el Ejecutivo y abrió un nuevo pulso entre el Gobierno y las altas cortes.
Ministro de Trabajo se pronunció ante la suspensión del decreto del salario mínimo
En entrevista con W Radio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reconoció que la suspensión provisional no era un escenario que tuviera previsto.
No estaba en mis cuentas. El presidente sí tenía ese temor y ya me lo había comentado.
Con esa frase, el jefe de la cartera laboral dejó claro que, aunque el mandatario había advertido el riesgo de una decisión adversa, dentro de sus cálculos no contemplaba que el Consejo de Estado frenara el decreto.
¿Qué implica la suspensión del decreto del salario mínimo?
La suspensión implica que, de manera temporal, el acto administrativo queda sin efectos mientras se resuelve el proceso judicial. El tema ahora pasa a una etapa de análisis jurídico más profundo en el alto tribunal.
Por otro lado, la reacción política de Armando Benedetti no se hizo esperar:
Me acabo de enterar que el Consejo de Estado tumbó provisionalmente el Salario Mínimo Vital. Las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia. Para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas cuando la gente decida quién está a favor de los menos favorecidos y quiénes están del lado de las élites.
Por ahora, el decreto del salario mínimo queda suspendido de forma provisional. El Consejo de Estado deberá pronunciarse de fondo sobre su legalidad, mientras el Gobierno defiende la medida y algunos de sus voceros insisten en que la decisión judicial tiene implicaciones políticas.
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