A suspensiones y juicios verbales se enfrentarán funcionarios de MinTIC tras escándalo por contrato

Los 70.000 millones de los que se ha escuchado en las últimas semanas, y que son un anticipó desembolsado por el Ministerio de las TIC a la Unión Temporal Centros Pobladospara la instalación de casi 15.000 puntos digitales en los sectores más alejados del país, bajó la premisa entre más internet mejor educación, siguen teniendo en vilo al país.

Pero, en los datos revelados en las últimas horas, se conocido que ese contrato es por más de 1 billón de pesos, y esa plata del anticipo, por ahora, está embolatada.

La Procuraduría ha trabajado silenciosa pero efectivamente, y por eso mismo en los próximos días viene con suspensiones, juicios verbales e incluso versiones a funcionarios de MinTIC, así lo señala el expediente conocido por Noticias RCN, en donde se despertaron varias incógnitas sobre las empresas encargadas de ejecutar el contrato.

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“Por ser conformadas por empresas sin experiencia en el sector de las telecomunicaciones, y en cuanto a su ejecución se reprocha la poca o nula ejecución del contrato por la baja instalación de los puntos digitales en las regiones asignadas”, dice el documento.

En el auto del ministerio público se advierte el objeto de la investigación y los posibles lunares a la hora de adjudicarlo. “Se sostiene que la entidad adelantó un proceso contractual sin tener en sus estudios previos la situación de pandemia por el covid19”, agrega.

El tema tiene varios componentes, pero lo que más despierta dudas ahora es una póliza, la cual, según el banco Itaú, fue falsificada y con eso los contratistas se ganaron la licitación. La firma que se habría falsificado es la de Jorge Alberto Villa, representante del banco. 

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"El banco ltaú quiere dejar expresa constancia que no está legitimado para ser garante en este proceso por cuanto la garantía bancaria que nos fue remitida el día de ayer no fue expedida por el banco, las mismas son falsas", dice un documento emitido por la entidad bancaria a la Procuraduría.

En la investigación la Procuraduría está indagando porque en el 2019 se contrató una consultoría por más de 2.000 millones de peso, y después se realizaron cambios, los cuales fueron los que originaron la licitación que hoy está en el ojo del huracán.