¿Quiénes terminarán pagando por la decisión de congelar los precios de los peajes? Esto dice la CCI

En el marco de la polémica por el precio de los peajes en el país y la orden del presidente de la República, Gustavo Petro, de congelar las tarifas de aquellos pertenecientes a Invías y la ANI, la Cámara Colombiana de Infraestructura dio a conocer su posición.

A través de un comunicado, la Cámara aseguró que la orden de no subir los precios fue una medida “intempestiva” para este sistema que se sostiene gracias a los recaudos en los peajes, para el pago de las inversiones realizadas en la infraestructura vial.

En consecuencia, la entidad señaló que el Gobierno tendría que verse obligado a cubrir los proyectos y a entregar por lo menos un billón de pesos provenientes del Fondo de Contingencias, que sería lo que dejarían de recibir las concesiones durante el 2023 como resultado de las modificaciones tarifarias establecidas en el decreto 050 de 2023.

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Esta medida causa un desequilibrio económico de los contratos, por cuanto las tarifas reales de cada año serán menores a las previstas en la estructuración de los mismos, al no ser restablecidas.

Sobre las iniciativas privadas, la Cámara Colombiana insistió en que la medida podría acarrear un riesgo insostenible, pues estas se financian gracias al recaudo de los peajes, lo que pondría en riesgo sus contratos, así como la finalización y mantenimiento de las obras.

Las consecuencias de congelar los precios en los peajes

Entre otras cosas, la Cámara aseguró que la coyuntura económica que vive el país podría extenderse a los proyectos concesionados, por lo que no ajustar al alza los precios de los peajes podría implicar un riesgo de desempleo e incumplimientos en las principales infraestructuras.

La principal consecuencia para el país, de cara a los alcances del decreto expedido, es que, a partir de la fecha, serán el Gobierno y todos los colombianos -incluso aquellos que no transitan por las carreteras concesionadas- quienes terminarán respondiendo, vía impuestos, por los dineros que dejen de recaudar los proyectos.

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Sobre el dinero que necesitarían las concesiones, la entidad fue clara al afirmar que este terminaría saliendo del bolsillo de los colombianos mediante los impuestos. Tema que también terminaría generando incertidumbre jurídica a los inversionistas y financiadores que llegan al país.

Las recomendaciones de la CCI

Finalmente, en su comunicado la CCI pidió al Gobierno Nacional “evitar el deterioro de la confianza” y mantener la alianza de las concesiones que aportan al desarrollo y modernización de la infraestructura del país.

No hay que olvidar que esta confianza ha permitido que la infraestructura pueda entenderse como política de Estado, de largo aliento, que trasciende gobiernos de turno o ciclos políticos. Todo ello, con el apoyo indeclinable de la banca multilateral.

Asimismo, recordó que gracias a estas concesiones se ha logrado la construcción de más de 10.000 km de carreteras en todo el territorio nacional, las cuales no habrían sido posibles únicamente con recursos del Estado.