Exsecretario de Educación de Magdalena fue condenado a 20 años de cárcel por corrupción

Una exfuncionaria y una contratista también deberán cumplir penas por participar en el entramado que se apropió de $5.000 millones.


Foto: Secretaría de Educación de Magdalena

Noticias RCN

marzo 10 de 2025
11:06 a. m.
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Un juez condenó al exsecretario de Educación de Magdalena, Antonio José Matera Ramos, a 20 años y 10 meses de prisión, por el entramado de corrupción que se apropió de recursos destinados a garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en comunidades vulnerables del departamento.

La decisión se tomó en contra del exsecretario, de la exfuncionaria de la Gobernación, Dubys Teresa Zagarra; y al contratista John Mario Macías, después de que la Fiscalía demostrara su participación en el caso que provocó la pérdida de por lo menos $5.000 millones.

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Estas dos últimas personas fueron condenadas a 25 y 33 años de prisión respectivamente.

Adicional a esto, tres personas fueron declaradas responsables por el delito de peculado por apropiación; mientras que Zagarra fue sentenciada también por falsedad ideológica en documento público.

Los hechos por los que condenaron a los exfuncionarios

Los hechos por los cuales fueron condenadas estas tres personas se relacionan con la celebración de un contrato entre la Gobernación de Magdalena y una fundación, por el valor de $18.531 millones.

El convenio buscaba la prestación de servicios educativos a 15.524 menores de edad fuera de la cobertura departamental. Sin embargo, solo fueron atendidos 5.191 niños, niñas y adolescentes.

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El papel del contratista

Entretanto, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que el contratista no cumplió con la dotación de las aulas y la entrega de los materiales necesarios para la ampliación de las clases, además de la obligación de seleccionar y cubrir los horarios de los docentes.

Además, la investigación determinó que Macías presentó documentos falsos como contratos de profesores y facturas que respaldaban una empresa que cubría ciertas actividades sin esto ser cierto.

Al parecer, la compañía estaba habilitada para comercializar partes y accesorios para automóviles.

Tanto Zarraga como el entonces secretario, Matera Ramos, dieron su aval sobre la supuesta ejecución exitosa del contrato, ordenando el desembolso de los recursos a pesar de que esto no era.

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