Consejo de Estado negó acción popular en contra de la venta de Isagén

La Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió rechazar la acción popular promovida por Álvaro Uribe Vélez y otros representantes políticos, en contra de la decisión del expresidente Juan Manuel Santos de vender la participación accionaria de la Nación de Isagén.

La acción, presentada en agosto de 2013, señalaba que la venta iba en contra de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico y la defensa del patrimonio público. Además, pedía suspender definitivamente la transacción del paquete accionario por parte del Estado, así como publicar los estados financieros y un balance del impacto social, económico y ambiental de la decisión.

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Más tarde, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca expresó su rechazo frente a la solicitud, por considerar que no existía ninguna justificación para poner trabas a los procesos adelantados por el Gobierno de turno.

Ante la negativa del Tribunal, los promotores de esta acción popular adelantaron un recurso de apelación ante el Consejo de Estado, para insistir en la toma de medidas que evitaran la venta de las acciones del Estado en Isagén. No obstante, la respuesta fue otro rechazo.

En el más reciente fallo, se advirtió que no existe material suficiente para probar que las decisiones del expresidente Santos afectaran de alguna manera los recursos del país o los intereses del Estado, o que “hubiese usado esta competencia de manera irracional, desproporcionada, imprudente o deshonesta y menos aún podría afirmarse que se trata de conductas amañadas, corruptas y alejadas de la correcta función pública, pues más allá de las imputaciones generales, no hay prueba de la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, ni de las supuestas irregularidades que giraron en torno a la venta de un bien fiscal”.

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En consecuencia, el Consejo rechazó los argumentos que indicaban que se habría incurrido en acciones irregulares al intentar vender las acciones avaluadas en cerca de $5,8 billones. Además, el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, añadió que nunca se presentaron pruebas para entablar un debate jurídico o validar los señalamientos, por lo que se descartó completamente la posibilidad de bloquear la garantía de continuidad de los servicios prestados por Isagén.

“No tiene evidencia de una actuación de las demandas que permita concluir o inferir que, de manera fraudulenta, torticera o dañina, se estructuró el elemento subjetivo respecto de la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa o del patrimonio público”, concluyó el fallo.